Cada semana, en los despachos laboralistas de Tenerife, se repite la misma escena: personas que llegan agotadas, con papeles del médico en la mano, y una mezcla de incertidumbre y miedo en la mirada. Acaban de recibir un parte de baja, o una notificación del INSS que habla de “propuesta de incapacidad permanente”, y no entienden muy bien qué significa todo eso para su futuro.
No es de extrañar. Las incapacidades —ya sean temporales o permanentes— son uno de los temas más complejos del derecho laboral. Detrás de cada caso hay una historia humana: un accidente laboral, una enfermedad crónica o una lesión que impide seguir trabajando como antes. Y en ese momento, cuando la salud falla, el lenguaje jurídico y burocrático se convierte en una barrera más.
Por eso es importante explicar, con claridad y sin tecnicismos, qué diferencia realmente una incapacidad temporal de una permanente, qué derechos tiene el trabajador en Tenerife y qué pasos debe dar para no perder prestaciones o cotizaciones.
La incapacidad temporal (IT) es lo que comúnmente conocemos como “baja médica”. Es una situación en la que el trabajador no puede desempeñar su actividad por motivos de salud, pero se espera que sea algo reversible. Puede deberse a una enfermedad común, a un accidente laboral o no laboral.
Durante este tiempo, el trabajador sigue vinculado a su empresa y conserva sus derechos, aunque deje de acudir al trabajo. El médico de cabecera o el especialista del Servicio Canario de Salud será quien emita los partes de baja, confirmación y alta.
En Tenerife, como en el resto de España, la duración máxima de la IT es de 12 meses, prorrogables excepcionalmente otros 6 si hay posibilidades de recuperación. Pero si pasado ese tiempo la persona sigue sin poder trabajar, el INSS puede iniciar un expediente para valorar si corresponde declarar una incapacidad permanente.
Mientras dura la baja, el trabajador recibe una prestación económica. En casos de enfermedad común, suele empezar al cuarto día y representa un porcentaje del salario, que varía según el convenio. Si el origen es laboral (accidente o enfermedad profesional), se cobra desde el primer día y el importe es algo superior.
Sin embargo, más allá del dinero, lo que más preocupa a las personas que están de baja es el miedo a perder su empleo. Muchos trabajadores canarios, sobre todo en hostelería o comercio, temen que una baja prolongada termine en despido. Y aunque la ley protege al trabajador, en la práctica no siempre es así. Por eso es vital conservar todos los informes médicos, los partes y cualquier comunicación con la empresa, por si más adelante hay que reclamar un despido nulo o improcedente.
La incapacidad permanente (IP) entra en juego cuando, tras un tratamiento médico adecuado, el trabajador sigue sin poder desempeñar su profesión con normalidad. No significa necesariamente que no pueda trabajar nunca más, sino que ha perdido parte de su capacidad laboral.
El INSS valora cada caso y lo clasifica en distintos grados:
Parcial, cuando hay una limitación pero todavía se puede realizar el trabajo con ciertas adaptaciones.
Total, cuando el trabajador no puede seguir en su profesión habitual, pero sí en otra distinta.
Absoluta, cuando no puede ejercer ningún tipo de trabajo.
Gran invalidez, si además necesita ayuda para las tareas básicas de la vida diaria.
En Tenerife, la evaluación la realiza un tribunal médico (EVI) con sede en Santa Cruz o en La Laguna. Este proceso puede ser emocionalmente duro: muchas personas sienten que se las juzga o que se pone en duda su enfermedad. Sin embargo, el reconocimiento de una incapacidad permanente no es un castigo, sino una protección legal para garantizar un sustento económico cuando el trabajo deja de ser posible.
Dependiendo del grado, la prestación puede consistir en una indemnización única o en una pensión mensual. El cálculo tiene en cuenta la base reguladora y los años cotizados, y puede incluir mejoras si la causa es laboral o si la persona tiene hijos a cargo.
Uno de los errores más frecuentes es no recurrir a tiempo una resolución negativa. Cuando el INSS deniega una incapacidad permanente, el trabajador tiene 30 días para presentar una reclamación previa. Si no lo hace dentro del plazo, pierde la oportunidad de revisar el caso.
Otro error habitual es no aportar suficiente documentación médica. Muchos piensan que bastará con los informes del hospital, pero el tribunal médico necesita pruebas concretas: limitaciones funcionales, diagnósticos firmados y evolución del tratamiento.
Un abogado especializado puede ayudar a preparar ese expediente con rigor, orden y coherencia. En Tenerife hay muchos casos en los que un informe adicional o un recurso bien argumentado ha cambiado completamente el resultado.
Más allá de lo jurídico, las incapacidades suelen ser procesos emocionalmente devastadores. La pérdida de la salud se mezcla con la incertidumbre económica y el miedo al futuro. Muchos clientes describen la sensación de estar atrapados en un limbo: ni pueden trabajar, ni saben si tendrán una pensión.
Por eso, en Álamo y Antúnez Abogados siempre tratamos estos casos con sensibilidad. No se trata solo de rellenar formularios, sino de acompañar a la persona en un momento de vulnerabilidad. Explicar con calma cada paso, revisar las notificaciones del INSS, ayudar a recopilar informes médicos… Todo eso forma parte del trabajo jurídico, pero también del humano.
En Tenerife, donde el tejido laboral está tan ligado al esfuerzo físico —construcción, hostelería, limpieza, transporte—, las incapacidades tienen un impacto enorme en las familias. A veces, el reconocimiento de una pensión permanente no es solo un alivio económico, sino una validación moral: el reconocimiento de que la persona no “finge”, sino que ha trabajado toda su vida y merece protección.
Si te encuentras de baja médica desde hace meses y te han citado al tribunal médico, o si te han denegado la incapacidad permanente y no sabes cómo recurrir, el primer paso es buscar asesoramiento especializado cuanto antes.
Un abogado laboralista en Tenerife puede analizar tu historial, calcular lo que te corresponde y ayudarte a presentar la reclamación correctamente. También puede orientarte sobre compatibilidades: hay personas que pueden seguir trabajando en otras tareas, o incluso iniciar actividades autónomas con ciertas condiciones.
La clave es no quedarse bloqueado por el miedo o la burocracia. Cada semana que pasa cuenta, y un recurso bien planteado puede marcar la diferencia entre cobrar una pensión o quedarse sin cobertura.
La incapacidad temporal y permanente no son solo términos jurídicos: son realidades que afectan a miles de trabajadores en Canarias cada año. Entenderlas y gestionarlas correctamente puede cambiar el rumbo de una vida.
En un sistema cada vez más complejo, contar con apoyo profesional y humano es la mejor garantía de justicia. Porque cuando el cuerpo ya no puede, la ley está para protegerte.
