Abogado Laboralista en Tenerife.

Sí. Nuestro despacho profesional se encuentra en la Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), en pleno centro neurálgico administrativo y judicial de la capital, a escasos minutos a pie del SEMAC de Santa Cruz de Tenerife y del Palacio de Justicia de la Avenida Tres de Mayo, 24 (donde radican los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias). Representamos presencialmente y mediante atención telemática completa (videollamada, firma digital y recepción segura de documentación laboral y médica) a personas trabajadoras, pensionistas, funcionarios, personal estatutario y empresas de todos los municipios de Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona (Los Cristianos y Playa de las Américas), Adeje, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos, Güímar, Candelaria, El Rosario, Tacoronte y Tegueste. Asimismo, ejercemos la dirección letrada en procedimientos ante los órganos administrativos y judiciales de La Palma, La Gomera y El Hierro (provincia de Santa Cruz de Tenerife), así como en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y el resto del territorio nacional, garantizando que cada cliente sea atendido directamente por los socios colegiados Javier Álamo González (ICATF n.º 5950) y Diego Antúnez Cruz (ICATF n.º 5951) desde la primera valoración hasta la sentencia o ejecución.

Referencia normativa: Calle Puerta Canseco 35, 1.º B · 38003 Santa Cruz de Tenerife · Colegiados ICATF n.º 5950 y 5951

Sí, y es habitual que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniegue inicialmente la pensión en vía administrativa pese a existir patologías crónicas severas, siendo en vía judicial ante los Juzgados de lo Social donde se obtiene con mayor frecuencia el reconocimiento del grado correspondiente. Desde el día siguiente a la recepción de la resolución denegatoria (o desde que se entiende desestimada por silencio administrativo tras 135 días hábiles conforme al Real Decreto 1300/1995), dispones de un plazo perentorio de 30 días hábiles para presentar la Reclamación Previa administrativa ante la Dirección Provincial del INSS de Santa Cruz de Tenerife (artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Si el INSS desestima expresamente la reclamación previa o transcurren 45 días hábiles sin contestación, se abre un nuevo plazo de 30 días hábiles para interponer demanda judicial ante los Juzgados de lo Social. En Álamo & Antúnez Abogados analizamos íntegramente el dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) y el informe médico de síntesis, contrastando tus limitaciones orgánicas y funcionales definitivas con el profesiograma real de tu profesión habitual (exigencias biomecánicas, bipedestación, carga de pesos, estrés, atención continuada o turnicidad) y con los informes de especialistas del Servicio Canario de la Salud (SCS) y peritos médicos. Además, aplicamos el nuevo marco de la Ley 2/2025 (que reformó el artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 174 de la LGSS), conforme al cual la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez ya no extingue automáticamente el contrato de trabajo, sino que permite al trabajador solicitar en el plazo de 10 días naturales la adaptación razonable del puesto o el cambio a una vacante compatible con su nueva situación funcional.

Referencia normativa: Arts. 174, 193 y 194 LGSS · Art. 49.1.e ET (reformado por Ley 2/2025) · Art. 71 LRJS

Cuando la empresa te entrega en mano una carta de despido (disciplinario u objetivo), una comunicación de fin de contrato temporal, una sanción o un documento de saldo y finiquito, nunca debes firmar simplemente con tu rúbrica si no has verificado antes el contenido y recibido el abono bancario. La pauta jurídica segura consiste en escribir de tu puño y letra junto a tu firma la expresión «Recibido, no conforme», añadir la fecha real del día en que se te entrega el documento (para evitar que la empresa antedate la notificación y reduzca tus 20 días hábiles de impugnación) y exigir en ese mismo acto una copia íntegra sellada o firmada por la empresa. Si la empresa se niega a entregarte copia o a permitirte anotar «no conforme», no firmes el documento y deja constancia inmediata mediante testigos o comunicación fehaciente, acudiendo a tu puesto de trabajo o remitiendo un burofax para evitar que puedan alegar un supuesto abandono voluntario del puesto. Firmar «no conforme» acredita únicamente que has recibido el papel, pero preserva intacto tu derecho a impugnar la veracidad de los hechos de la carta de despido, reclamar diferencias en el cálculo de la indemnización (como la antigüedad real de contratos temporales previos o el salario variable no computado), exigir el abono de vacaciones devengadas y no disfrutadas, pagas extraordinarias o preaviso omitido, y solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores conforme al artículo 49.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Referencia normativa: Arts. 29.2, 49.2, 53.1 y 55.1 del Estatuto de los Trabajadores · Jurisprudencia TS sobre valor liberatorio del finiquito

La diferencia radica en el alcance funcional de las secuelas crónicas sobre la capacidad laboral y en la cuantía y fiscalidad de la pensión vitalicia de la Seguridad Social (artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social). La Incapacidad Permanente Total (IPT) es aquella que inhabilita a la persona trabajadora para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta con exigencias físicas o psíquicas compatibles (por ejemplo, una camarera de pisos, un albañil, un conductor profesional o un operario de mantenimiento en Tenerife con patología lumbar o cervical severa que no puede realizar esfuerzos físicos ni bipedestación prolongada, pero conserva aptitud para tareas sedentarias). La IPT da derecho a una pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora, que se incrementa en un 20 % adicional —alcanzando el 75 % de la base reguladora (IPT cualificada)— a partir de los 55 años de edad cuando por falta de preparación especializada y circunstancias sociolaborales del lugar de residencia se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta, siendo además compatible con el salario de otra profesión diferente. Por su parte, la Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) se reconoce cuando las dolencias físicas, psíquicas o sensoriales anulan por completo la capacidad para desempeñar cualquier profesión u oficio en condiciones mínimas de profesionalidad, rendimiento, dignidad y continuidad en el mercado laboral ordinario; conlleva una pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora y está íntegramente exenta de retención y tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 7.f de la Ley 35/2006 del IRPF). Finalmente, si además de estar inhabilitado para todo trabajo la persona necesita la asistencia de tercera persona para los actos más esenciales de la vida diaria (vestirse, desplazarse, comer o análogos), procede el grado de Gran Invalidez (Gran Incapacidad), que suma al 100 % de la base reguladora un complemento económico específico destinado a remunerar a la persona que le atiende.

Referencia normativa: Arts. 193, 194 y 196 LGSS · Art. 7.f Ley 35/2006 IRPF · Jurisprudencia Sala Cuarta del Tribunal Supremo