“Falta grave” no explica qué ocurrió ni cómo se prueba.
Completa las tres capas. El auditor separará la comunicación, la controversia y la prueba que todavía falta contrastar.
Sanciones laborales · Santa Cruz de Tenerife
Si has recibido una sanción de la empresa, revisamos la carta, los hechos y el convenio para valorar cómo defenderte. Comprobamos las pruebas, la gravedad atribuida y los plazos desde la notificación. Te explicamos si hay motivos para impugnar una amonestación o una suspensión de empleo y sueldo y cómo preparar tu respuesta.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
La ficha ya publicada «Abogado de despido disciplinario en Tenerife» parte de la carta que extingue el contrato y revisa hechos, audiencia previa y prueba de cada cargo. La guía ya publicada «Abogado por despido disciplinario en Tenerife» ordena las fases, desde los cargos hasta el SEMAC, y trata aparte la amonestación o suspensión que deja el contrato vigente. Esta ficha no convierte esa sanción en el despido.
Fecha, conducta imputada, periodo, personas afectadas, hechos concretos y norma invocada delimitan la defensa. Si la carta es ambigua, genérica o cambia de tesis, no conviene rellenar esos huecos con explicaciones improvisadas.
También hay que comprobar el convenio colectivo aplicable, el trámite de audiencia sindical o previa cuando resulte exigible y los plazos de prescripción de la falta del artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores.
| Gravedad de la falta según convenio | Plazo de prescripción empresarial (art. 60.2 ET) | Requisitos formales exigibles | Plazo del trabajador para impugnar |
|---|---|---|---|
| Faltas leves | 10 días naturales desde que la empresa tuvo conocimiento de su comisión | Según lo dispuesto en el convenio colectivo aplicable | 20 días hábiles de caducidad desde la notificación (art. 114.1 LRJS) |
| Faltas graves | 20 días naturales desde que la empresa tuvo conocimiento (y en todo caso a los 6 meses de haberse cometido) | Comunicación escrita haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan (art. 58.2 ET) | 20 días hábiles mediante papeleta de conciliación ante el SEMAC y demanda ante el Juzgado de lo Social |
| Faltas muy graves (suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso o despido) | 60 días naturales desde que la empresa tuvo conocimiento y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido | Comunicación escrita detallada, expediente contradictorio si es representante legal y audiencia a delegados sindicales si consta afiliación | 20 días hábiles de caducidad (art. 59.3 ET y art. 114 LRJS) |
| Sanciones prohibidas por la ley (art. 58.3 ET) | Nulidad radical de pleno derecho | Está legalmente prohibido imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso o multa de haber | Impugnación ante el SEMAC y el Juzgado de lo Social para su declaración de nulidad (art. 115.1.d LRJS) |
La defensa útil separa cada imputación y la contrasta con su soporte real. Cuadrantes, fichajes, correos, mensajes, instrucciones, políticas internas y testigos directos tienen más valor cuando se organizan por hechos y fechas.
Amonestación, suspensión de empleo y sueldo u otras medidas previstas en el convenio no se impugnan igual. La carta debe identificar la falta, la graduación y los efectos. Una etiqueta de «falta muy grave» no basta si los hechos no encajan.
El artículo 60 ET fija plazos de prescripción de las faltas laborales: con carácter general, las leves a los diez días, las graves a los veinte y las muy graves a los sesenta días desde que la empresa tuvo conocimiento, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido. El cómputo se revisa con fechas, no con una tabla de bolsillo.
Los defectos recurrentes no ganan el caso por enunciarse: hechos genéricos, falta de audiencia cuando proceda, desproporción, retraso, prueba insuficiente, cambio de tesis o indicios de represalia. Cada uno exige contraste con la carta y el convenio.
Una sanción no es automáticamente el preludio de un despido. Puede ser un incumplimiento autónomo, una medida proporcional o, en algunos expedientes, un paso más de un conflicto mayor. La estrategia se elige después de leer el documento.
No contestes de forma impulsiva, no elimines comunicaciones y no asumas que firmar equivale siempre a conformidad. Lo importante es conservar copia, dejar constancia de la fecha y articular una defensa coherente de los hechos antes de impugnar.
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Clasifica el documento, el punto de controversia y la prueba disponible. Obtendrás una hoja para auditar hechos, convenio, graduación y plazos sin anticipar el resultado.
Completa las tres capas. El auditor separará la comunicación, la controversia y la prueba que todavía falta contrastar.
Método visible y citable
Carta, sobre, correo, acuse, fecha de entrega y fecha de efectos forman una sola pieza.
Un hecho por fila: conducta, fecha, lugar, personas, regla invocada y prueba disponible.
Comprobar ámbito, vigencia, clasificación de la falta, sanción prevista y garantías adicionales.
Revisar realidad, gravedad, antecedentes, tolerancia, comparadores y posible contexto protegido.
Distinguir el reloj de impugnación del trabajador del reloj de prescripción disciplinaria empresarial.
Cuatro capas de control
Cada capa responde una pregunta diferente. Mantenerlas separadas evita confundir una versión incompleta, una mala calificación y una prueba insuficiente.
Qué decisión existe, cuándo se recibió, cuándo produce efectos y qué hechos delimita.
Convenio, versión, ámbito, tipo de falta, rango de sanción y garantías específicas.
Qué acredita cada parte, qué se discute y qué fuente lícita permite comprobarlo.
Daño, reiteración, puesto, antecedentes, tolerancia, comparadores y posible protección.
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El plazo de 20 días hábiles para impugnar un despido (art. 59.3 ET y art. 103 LRJS) es de caducidad estricta: el mes de agosto es hábil (art. 43.4 LRJS) y solo se descuentan sábados, domingos y los festivos oficiales de Canarias, de la isla de Tenerife (2 de febrero) y de tu municipio. Calcula tu fecha límite exacta antes de presentar la papeleta en el SEMAC de Santa Cruz de Tenerife.
Preguntas frecuentes
La firma puede acreditar recepción, no necesariamente conformidad. Conserva copia y fecha; la forma concreta de dejar reserva debe valorarse según la situación.
Es una acción con plazo breve. La fecha exacta y cualquier actuación de conciliación deben revisarse de inmediato.
Puede impugnarse una sanción disciplinaria aunque no implique pérdida salarial, atendiendo a su naturaleza y efectos.
En el proceso debe sostener la realidad y gravedad de los hechos imputados dentro de los límites de la carta.
El artículo 60 ET fija plazos desde el conocimiento y, en todo caso, desde la comisión. El cómputo depende de la gravedad, las fechas y si la empresa pudo conocer los hechos. No se declara prescrita una falta sin ese contraste.
Elige el recorrido correcto
Cada recorrido responde a una pregunta distinta. Esta separación evita mezclar causa, calificación, protección y consecuencias económicas.
¿Te ocurre esto?
Cada hecho, fecha, contexto y persona implicada debe poder leerse sin completar huecos por la versión empresarial.
La defensa no se hace contra una etiqueta abstracta, sino contra una tipificación y una graduación concretas.
Registros, mensajes, cuadrantes, instrucciones y testigos deben ordenarse por cada imputación, no por acumulación.
No es igual discutir una sanción ordinaria que una posible represalia, discriminación o vulneración de derechos fundamentales.
Valoración de la sanción laboral
La empresa debe concretar qué conducta atribuye, cuándo ocurrió y por qué merece esa sanción. La primera valoración comprueba si el hecho existió, si puede probarse, si la norma invocada encaja y si la respuesta es proporcionada. También revisa el historial y cualquier conexión con una represalia o un derecho protegido, para delimitar qué se contesta y si conviene impugnar.
Una acusación genérica dificulta saber qué debe contestarse. Se separa cada hecho de la carta y se compara con lo sucedido.
El régimen disciplinario puede distinguir faltas leves, graves y muy graves. Se comprueba si la norma cubre el hecho y si esa calificación encaja.
Registros, accesos, comunicaciones, cuadrantes, políticas internas y testigos se revisan por su origen, integridad y significado.
Gravedad, reiteración, perjuicio, antecedentes, tolerancia empresarial y circunstancias personales pueden resultar relevantes.
Prueba que ordena el expediente
Cada imputación necesita una respuesta concreta. Negarlo todo de forma genérica suele aportar menos que identificar qué ocurrió, qué no está probado y qué documento lo demuestra.
Fecha de recepción, hechos, calificación, efectos y recurso o impugnación forman una unidad.
Código disciplinario, protocolos comunicados y convenio ayudan a comprobar tipificación y procedimiento.
Cuadrantes, fichajes, correos, sistemas y partes deben conservar contexto y no únicamente capturas seleccionadas.
Advertencias previas, tolerancia, correcciones y trato en situaciones similares pueden completar el análisis de proporción.
Evita perder claridad
Recorrido del asunto
Tras la primera valoración se controla el plazo, se decide si conviene formular alegaciones internas y se prepara la impugnación con los hechos separados. Si el conflicto continúa, la prueba y la petición deben ser coherentes con la gravedad discutida y con cualquier vulneración adicional que realmente pueda acreditarse.
Mapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 48.2 y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3 y entorno del Edificio de Usos Múltiples II en Avda. José Manuel Guimerá, 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 4 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
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