Sanción o requerimiento
Revisamos hechos, tipificación, prueba, competencia, procedimiento y fecha de notificación.
Derecho administrativo
Santa Cruz de Tenerife · Atención en CanariasSi has recibido una sanción, requerimiento, denegación de licencia o resolución administrativa, revisamos el expediente completo, la notificación, el órgano, los hechos, la prueba y el plazo. Preparamos alegaciones o recurso, valoramos la vía contencioso-administrativa y te indicamos qué documento falta y cuál es el siguiente paso.


Simulador Societario, Fiscal y Administrativo
Verifica si tu sociedad se encuentra en causa legal de disolución por pérdidas (art. 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital, cuando el patrimonio neto cae por debajo de la mitad del capital social), cuantifica el riesgo de derivación solidaria al administrador por deudas posteriores (art. 367 LSC), el importe de reintegro de subvenciones con intereses de demora y el régimen sancionador del art. 201 bis LGT.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
Una notificación resume la decisión, pero el expediente contiene antecedentes, informes y prueba. Solicitar acceso puede ser necesario para formular alegaciones concretas.
La estrategia debe distinguir defectos formales, discusión de hechos y aplicación de la norma.
| Escenario o decisión clave | Criterio jurídico y comprobación en el expediente |
|---|---|
| Sanción o requerimiento | Revisamos hechos, tipificación, prueba, competencia, procedimiento y fecha de notificación. |
| Licencia o urbanismo | El planeamiento, el acto municipal y los informes técnicos delimitan las opciones. |
| Responsabilidad patrimonial | Daño, funcionamiento del servicio, causalidad y plazo deben acreditarse, no presumirse. |
| Recurso contencioso | Antes de demandar se comprueba agotamiento de vía, legitimación, plazo y expediente. |
Antes de acudir al juzgado suele existir un recurso administrativo o un trámite de alegaciones. El pie de recursos de la notificación orienta, pero debe verificarse con la norma: no todos los actos admiten el mismo recurso ni el silencio produce siempre el mismo efecto.
Interponer un recurso fuera de plazo, ante un órgano equivocado o sin copiar el expediente puede agotar opciones. Conserva la notificación completa, el medio de recepción y cualquier anuncio o publicación.
Pie de recursos, firmeza y vía administrativa condicionan el siguiente paso. El cómputo depende del acto, de la notificación y de la vía indicada; esta página no calcula un último día.
Si la vía administrativa no resuelve el conflicto, puede valorarse el recurso contencioso-administrativo. Antes hay que comprobar legitimación, agotamiento de vía cuando sea exigible, plazo y el expediente que se va a discutir.
La demanda debe apoyarse en pretensiones, hechos y prueba coherentes con las actuaciones previas. No es una segunda carta de queja: cambia el órgano, el procedimiento y lo que puede pedirse.
Reclamar un daño a la Administración exige acreditar el perjuicio, el funcionamiento del servicio, la relación causal y el plazo propio de esta acción. Un resultado adverso o una demora no demuestran por sí solos responsabilidad.
La reclamación previa, la prueba pericial cuando proceda y la vía posterior deben ordenarse con el expediente delante. Esta página no anticipa una indemnización.
Sanciones, licencias, urbanismo, silencio y responsabilidad patrimonial no comparten el mismo recorrido. Identificar el acto y la fase evita presentar un recurso que no corresponde o perder un plazo mientras se espera una respuesta informal.
Cuando buscas un abogado administrativo o un abogado contencioso-administrativo en Tenerife para impugnar una sanción, un acto de empleo público o una desestimación por silencio, revisamos primero el expediente íntegro conforme al artículo 53 de la Ley 39/2015 y verificamos si procede recurso de alzada (art. 121) o potestativo de reposición (art. 123).
Agotada la vía administrativa previa, articulamos el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o la Sala del TSJ de Canarias dentro de los plazos previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998.
Recursos contra la Administración, sanciones, urbanismo, licencias, extranjería y responsabilidad patrimonial. quince años enfrentándonos a las administraciones públicas en Tenerife por los derechos de nuestros clientes.
Impugnamos resoluciones del Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos y cualquier administración que vulnere tus derechos. Recursos contra denegaciones de licencias, actos tributarios, resoluciones de empleo público, subvenciones y actos de cualquier administración.
Recurrimos sanciones de tráfico (DGT, Ayuntamientos), urbanismo, medio ambiente, sanidad, protección de datos y actividad económica. Alegaciones en vía administrativa y recurso contencioso si se desestiman. Análisis de defectos formales y de fondo para anular la sanción.
Asesoramiento en licencias de obra, apertura y actividad. Impugnación de planes urbanísticos, declaraciones de fuera de ordenación, órdenes de demolición y expedientes de disciplina urbanística. Conocemos la normativa urbanística canaria y los procedimientos del Cabildo de Tenerife.
Reclamamos indemnización por daños causados por la Administración: caídas en vía pública por mal estado, daños por obras públicas, errores de la sanidad pública (SCS), retrasos injustificados en resoluciones y cualquier lesión causada por el funcionamiento de los servicios públicos.
Permisos de residencia y trabajo, arraigo social/laboral/familiar, reagrupación familiar, renovaciones, recursos contra denegaciones y órdenes de expulsión. Conocemos las oficinas de extranjería de Santa Cruz y las particularidades de la normativa en Canarias.
Si la Administración quiere expropiar tu propiedad, tienes derecho a un justiprecio justo. Impugnamos valoraciones insuficientes ante el Jurado Provincial de Expropiación y ante los tribunales. También gestionamos retasaciones cuando la obra tarda más de lo previsto.
Asesoramos en la solicitud de subvenciones y recurrimos denegaciones injustificadas. También defendemos frente a procedimientos de reintegro de subvenciones cuando la Administración reclama la devolución por supuesto incumplimiento de condiciones.
Impugnación de procesos selectivos (oposiciones y concursos), reclamaciones sobre bolsas de empleo, recursos contra sanciones disciplinarias a funcionarios y personal laboral de la administración. Defensa en expedientes disciplinarios.
Antes de acudir a los tribunales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) exige, en la mayoría de los casos, agotar la vía administrativa mediante recursos internos. Conocer estos plazos es fundamental para no perder tu derecho a reclamar.
Se interpone contra actos que no agotan la vía administrativa, es decir, cuando existe un órgano superior al que dictó la resolución. Plazo: 1 mes desde la notificación del acto (o 3 meses en caso de silencio administrativo negativo). Lo resuelve el superior jerárquico (arts. 121-122 LPAC). Si se desestima expresa o presuntamente, queda abierta la vía contencioso-administrativa.
Se interpone contra actos que sí agotan la vía administrativa (resoluciones de alcaldes, consejeros, ministros). Es potestativo: el interesado puede elegir entre interponer reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o acudir directamente al contencioso. Plazo: 1 mes desde la notificación (art. 124 LPAC). Si se desestima, el plazo para el contencioso se cuenta desde la notificación de la desestimación.
Si la Administración no responde en plazo, la ley establece las consecuencias del silencio (arts. 24-25 LPAC):
En la práctica, la Administración incumple los plazos con frecuencia. Nuestro trabajo es que ese incumplimiento no te perjudique: identificamos si el silencio opera a tu favor y, si no, preparamos la impugnación judicial dentro de plazo.
El recurso contencioso-administrativo (regulado por la Ley 29/1998, LJCA) es la vía judicial para impugnar los actos de la Administración. Es obligatorio cuando la vía administrativa está agotada y la resolución no te satisface.
Estos plazos son de caducidad, no de prescripción: no se interrumpen ni se suspenden. Si se pasan, se pierde el derecho a recurrir. En nuestro despacho controlamos los plazos desde el primer contacto para que no pierdas ninguna oportunidad procesal.
Medidas cautelares: suspender el acto mientras se recurre.
Una de las herramientas más valiosas del contencioso es la suspensión cautelar del acto impugnado (arts. 129-136 LJCA). Si la ejecución del acto puede causar daños de difícil o imposible reparación, el tribunal puede suspenderlo mientras dura el procedimiento. Esto es especialmente relevante en sanciones económicas elevadas, órdenes de demolición, revocación de licencias de actividad y expedientes disciplinarios de funcionarios.
Las Administraciones Públicas deben indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y no sea una carga que el particular tenga el deber jurídico de soportar (arts. 32-37 de la Ley 40/2015, LRJSP).
Casos típicos en Tenerife: caídas en la vía pública por deficiente mantenimiento, daños por obras municipales, errores en la asistencia sanitaria pública (reclamación al Servicio Canario de Salud), inactividad administrativa que causa perjuicio económico, y daños por funcionamiento anormal de servicios insulares o municipales.
Es la vía judicial para impugnar actos de la Administración que consideras ilegales. Se interpone ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo tras agotar la vía administrativa previa. Plazo: 2 meses desde la notificación del acto.
Sí. Primero recurso de reposición o alzada ante la DGT o Ayuntamiento. Si lo desestiman, Juzgado Contencioso. Motivos frecuentes: defectos de notificación, errores en identificación del conductor, caducidad del procedimiento, irregularidades en señalización.
Derecho a ser indemnizado por daños causados por el funcionamiento de servicios públicos. Ejemplos: caídas por mal estado de aceras, daños por obras, negligencias del SCS. Plazo: 1 año desde que se produce el daño.
No es obligatorio para trámites administrativos, pero sí muy recomendable. Para recurrir denegaciones u órdenes de expulsión ante tribunales, sí es imprescindible contar con abogado y procurador.
Sí, por utilidad pública o interés social. La Administración debe pagar un justiprecio que refleje el valor real. Si no estás de acuerdo, puedes impugnarlo ante el Jurado Provincial de Expropiación y luego ante los tribunales.
Procedimiento ordinario: 8 meses a 2 años. Procedimiento abreviado (cuantía inferior a 30.000€): 6 a 12 meses. Depende del juzgado y la complejidad del asunto.
Sí. Puedes solicitar medidas cautelares al juzgado si la ejecución inmediata te causa perjuicios de difícil reparación. El juez valora el interés público y el particular.
Depende del procedimiento. Presupuesto transparente desde la primera cita. Solicita cita y cuéntanos tu caso.
Si crees que la Administración ha vulnerado tus derechos, llámanos. Analizamos tu caso, te decimos qué opciones tienes y qué posibilidades reales de éxito tiene un recurso.
Preguntas frecuentes
Depende del acto, su firmeza, la vía y la notificación. El pie de recursos orienta, pero debe verificarse con la norma aplicable.
Cuando se ha agotado la vía administrativa previa (por resolución expresa o silencio administrativo en un recurso de alzada o reposición conforme a la Ley 39/2015) o frente a actos que ponen fin a la vía administrativa, interponiendo recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife conforme a la Ley 29/1998.
Las personas interesadas tienen derechos de acceso en los términos de la Ley 39/2015. Deben identificarse expediente y condición de interesado.
El silencio tiene efectos distintos según el procedimiento. No debe interpretarse como estimación o rechazo sin comprobar la norma.
No. Hay que valorar el defecto, su efecto en la defensa y el régimen de invalidez aplicable.
En muchos casos sí, pero depende del acto y de la norma. El pie de recursos orienta; debe verificarse legitimación, plazo y recurso indicado.
La responsabilidad patrimonial exige daño, funcionamiento del servicio, causalidad y plazo propio. Un resultado adverso no demuestra por sí solo esa responsabilidad.
¿Te ocurre esto?
Revisamos hechos, tipificación, prueba, competencia, procedimiento y fecha de notificación.
El planeamiento, el acto municipal y los informes técnicos delimitan las opciones.
Daño, funcionamiento del servicio, causalidad y plazo deben acreditarse, no presumirse.
Antes de demandar se comprueba agotamiento de vía, legitimación, plazo y expediente.
Control del acto administrativo
Esta página cubre conflictos con Administraciones públicas fuera del diagnóstico específico de empleo funcionarial. Licencias, sanciones, responsabilidad patrimonial, contratación, subvenciones o inactividad tienen presupuestos distintos, pero comparten una necesidad: identificar qué órgano actuó, qué decisión existe, qué procedimiento siguió y qué documentación la fundamenta. La estrategia puede incluir alegaciones, recursos o jurisdicción contencioso-administrativa, según el caso; no toda discrepancia llega al mismo cauce.
La ausencia de una carta no significa que no haya actuación impugnable. Debe calificarse qué ha hecho o dejado de hacer la Administración.
Entidad, unidad, delegación, norma habilitante y fases permiten comprobar quién puede actuar y con qué garantías.
La resolución se contrasta con informes, prueba, criterios aplicados y respuesta a las alegaciones, sin reducir el análisis a su conclusión.
Anulación, reconocimiento, indemnización, cumplimiento o medida cautelar requieren presupuestos y prueba propios.
Prueba que ordena el expediente
Para discutir una resolución hace falta conocer no solo lo notificado, sino también solicitudes, informes, pruebas, trámites y propuesta que condujeron a ella.
Registro, anexos y subsanaciones fijan qué se pidió, cuándo y con qué documentación inicial.
Texto íntegro, pie de recursos, acceso electrónico y fechas permiten identificar efectos y opciones de revisión.
Índice, informes técnicos o jurídicos, prueba, audiencia y propuesta revelan el razonamiento administrativo.
Documentos económicos, técnicos y cronológicos permiten concretar la pretensión sin convertir toda irregularidad en indemnización.
Evita perder claridad
Recorrido del asunto
Se clasifica la actuación, se comprueba el órgano y se obtiene la documentación. Con esa base se define qué hecho, norma o garantía se discute y qué remedio se busca. La fase administrativa y el eventual proceso contencioso deben mantener una tesis coherente y una prueba conservada desde el inicio.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
Separamos lo que ya está documentado de lo que necesita prueba y ordenamos la cronología sin dar por cierto lo que todavía debe acreditarse.
Explicamos qué vías existen, qué puede cambiar el resultado y qué riesgos tiene cada alternativa antes de iniciar una actuación.
Si el asunto tiene recorrido, concretamos la actuación siguiente, la documentación pendiente y quién asume cada paso.
Documentación útil
Si tienes una carta, una resolución o una fecha exacta, cuéntanoslo ahora para que podamos detectar si existe un plazo que deba priorizarse.
Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 4 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
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