Qué limitaciones están acreditadas
Los informes deben describir limitaciones funcionales y evolución, no limitarse a enumerar diagnósticos.
Seguridad Social e incapacidad · Santa Cruz de Tenerife
Como abogados especialistas en incapacidad permanente en Tenerife, preparamos tu expediente ante el EVI y la Dirección Provincial del INSS, la reclamación previa (30 días hábiles, art. 71 LRJS) y la demanda ante los Juzgados de lo Social para el reconocimiento de Incapacidad Permanente Absoluta (100 % exenta de IRPF), Total (55 % o 75 % cualificada), Parcial (24 mensualidades) o Gran Incapacidad.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
Cada grado del artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social exige una prueba distinta y da lugar a una prestación diferente. Antes de pedir o recurrir, conviene identificar qué grado encaja con tus limitaciones y con las tareas fundamentales de tu profesión habitual.
Nuestra guía sobre la incapacidad permanente total y el contrato parte de la resolución ya notificada y ordena la comunicación para mantener el contrato, los ajustes y la vacante compatible. Esta ficha revisa el expediente y el grado ante el INSS. No convierte ese reconocimiento en la extinción del contrato.
Cuando las secuelas de un accidente de trabajo, enfermedad profesional o contingencia común ocasionan al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma, procede estudiar la incapacidad permanente parcial conforme al artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social.
A diferencia de los grados de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad, la incapacidad permanente parcial consiste en una indemnización a tanto alzado equivalente a veinticuatro mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal, siendo compatible con el mantenimiento del puesto de trabajo. Revisamos el informe médico de síntesis, las exigencias ergonómicas y funcionales del puesto y la resolución del INSS en Tenerife antes de formular reclamación previa.
La normativa distingue varios grados en función de la reducción o anulación de la capacidad laboral y de la necesidad de asistencia de otra persona. La denominación del diagnóstico no determina por sí sola el grado, ni esta página calcula una pensión.
| Grado de incapacidad | Alcance funcional sobre el trabajo | Modalidad de la prestación general | Compatibilidad laboral orientativa | Tratamiento general en IRPF |
|---|---|---|---|---|
| Incapacidad Permanente Parcial (IPP) | Disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedir la realización de sus tareas fundamentales | Indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora | Compatible con el mantenimiento del mismo puesto o cualquier otra actividad | Sujeta a IRPF como rendimiento del trabajo (con posibles reducciones por irregularidad según normativa fiscal) |
| Incapacidad Permanente Total (IPT) | Inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta | Pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora (incrementable en un 20 %, IPT cualificada del 75 %, a partir de los 55 años cuando concurren los requisitos de falta de empleo y preparación) | Incompatible con el mismo puesto, pero compatible con otra profesión cuyas funciones no coincidan con las que motivaron la incapacidad (el complemento del 20 % se suspende si se trabaja) | Sujeta a IRPF con carácter general (con mínimos por discapacidad aplicables) |
| Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) | Inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia continuada | Pensión vitalicia equivalente al 100 % de la base reguladora calculada según la contingencia | Compatible solo con actividades marginales o compatibles que no representen un cambio en la capacidad de trabajo a efectos de revisión (art. 198.2 LGSS) | Exenta de IRPF con carácter general (art. 7.f Ley 35/2006) |
| Gran Incapacidad (antes Gran Invalidez) | Situación de quien, afecto de incapacidad permanente, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida | Pensión del 100 % de la base reguladora más un complemento destinado a remunerar a la tercera persona (suma del 45 % de la base mínima de cotización vigente y el 30 % de la última base de cotización del trabajador) | Mismo régimen restrictivo de compatibilidad y revisión que la incapacidad absoluta | Exenta de IRPF con carácter general en los términos del art. 7.f Ley 35/2006 |
El expediente suele pasar por solicitud o inicio de oficio, reconocimiento médico, dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) en Santa Cruz de Tenerife y resolución de la Dirección Provincial del INSS. La fecha de notificación abre el cauce de reclamación previa y, si procede, la demanda ante el Juzgado de lo Social.
Cada fase pide una prueba distinta. Un informe que no traduce el diagnóstico a limitaciones funcionales objetivas (movilidad, bipedestación, carga biomecánica, atención sostenida o tolerancia al esfuerzo), o que no describe las tareas reales del profesiograma, deja el expediente incompleto aunque el diagnóstico sea grave.
Además, tras la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores por la Ley 2/2025, la declaración de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Incapacidad ya no extingue automáticamente el contrato de trabajo: la persona trabajadora dispone de diez días naturales desde la notificación de la resolución para manifestar por escrito a la empresa su voluntad de mantener la relación laboral, abriéndose un plazo máximo de tres meses para realizar ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante compatible.
Una pericial puede ayudar a explicar las limitaciones funcionales, su evolución y la relación con el trabajo. Su utilidad depende de la coherencia con los informes, las pruebas clínicas y las exigencias de la profesión. No garantiza por sí sola el reconocimiento de un grado.
Primero identificamos qué cuestión está discutida y qué información falta. Después valoramos si una pericial aporta una explicación necesaria: no todos los expedientes requieren la misma prueba ni se refuerzan acumulando más documentos sin orden.
La resolución debe indicar desde cuándo puede instarse la revisión por agravación o mejoría. Antes de actuar comprobamos esa fecha, la edad y el motivo de revisión conforme al artículo 200 de la Ley General de la Seguridad Social. Existen excepciones, como el error de diagnóstico o la revisión promovida por el INSS cuando se realiza un trabajo; no debe aplicarse una fecha sin estudiar el supuesto.
Comparamos la situación ya reconocida con la evolución posterior y la prueba disponible. El resultado puede confirmar, modificar o extinguir la prestación: pedir una revisión no garantiza aumentar el grado. Te explicamos qué cambio se intenta acreditar y qué consecuencias deben valorarse antes de presentarla.
El valor de un informe depende de lo que explica, su relación con el resto del expediente y su capacidad para describir limitaciones concretas.
En la reclamación previa concretamos qué se discute de la resolución y con qué hechos e informes se sostiene la petición. No se trata de repetir la solicitud: revisamos el motivo de denegación, las limitaciones admitidas y la relación entre la prueba y el grado que se pretende.
El artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social prevé, con carácter general, treinta días para reclamar desde la notificación de la resolución o desde el silencio aplicable. La entidad dispone de cuarenta y cinco días para responder a la reclamación previa; si no contesta, se entiende denegada. La demanda tiene un plazo general de treinta días desde la denegación expresa o presunta, con el cómputo y las excepciones legales.
Estos plazos no deben trasladarse a las impugnaciones de altas médicas, que tienen reglas específicas. Conserva la resolución, el justificante de recepción y el de presentación de la reclamación. Comprobamos el cauce y las fechas del expediente antes de calcular el último día para actuar.
Cuando buscas abogados de incapacidad permanente en Tenerife para una incapacidad permanente parcial (indemnización de 24 mensualidades, art. 196.1 LGSS), total (55 % o 75 % cualificada), absoluta (100 % de la base reguladora) o gran invalidez, el punto decisivo ante el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) de Santa Cruz de Tenerife es la correlación entre las secuelas objetivadas tras agotar la incapacidad temporal y el profesiograma real del puesto.
Si vienes de una denegación del INSS o de un alta médica tras incapacidad temporal, ordenamos el informe médico de síntesis, las bases de cotización y la prueba funcional para interponer la reclamación previa del artículo 71 LRJS en el plazo de treinta días hábiles.
En las consultas sobre incapacidad permanente en Tenerife es fundamental distinguir desde el primer momento entre la Incapacidad Permanente Parcial (indemnización única de 24 mensualidades manteniendo el trabajo) y los grados que generan pensión vitalicia mensual (Total del 55 % o 75 %, Absoluta del 100 % y Gran Incapacidad con complemento de asistencia de tercera persona).
Además, tras la entrada en vigor de la Ley 2/2025 (que modificó el artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores), el reconocimiento de una Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez ya no extingue automáticamente el contrato laboral: la persona trabajadora puede solicitar en plazo la adaptación razonable de su puesto o el cambio a otra vacante compatible con su estado funcional.
| Grado de incapacidad (LGSS) | Requisito funcional y profesional | Cuantía económica 2026 | Efecto sobre el contrato y fiscalidad (IRPF) |
|---|---|---|---|
| Incapacidad Permanente Parcial | Disminución ≥ 33 % en el rendimiento normal de la profesión habitual, pudiendo realizar las tareas fundamentales | Indemnización única de 24 mensualidades de la base reguladora (pago único) | Se mantiene el puesto de trabajo; sujeta a IRPF como rendimiento del trabajo (con reducción por irregularidad si procede) |
| Incapacidad Permanente Total (Ordinaria) | Inhabilita para todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, pero permite dedicarse a otra distinta | Pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora (14 pagas en contingencia común; 12 en profesional) | Derecho a pedir ajustes razonables o puesto vacante compatible (Ley 2/2025); compatible con otro empleo distinto; sujeta a IRPF |
| Incapacidad Permanente Total Cualificada (+55 años) | Incapacidad Total cuando la persona tiene 55 años o más y dificultad de reincorporación por falta de empleo | Pensión vitalicia del 75 % de la base reguladora (55 % + 20 % de incremento art. 196.2 LGSS) | El incremento del 20 % queda en suspenso si se realiza actividad laboral o se percibe desempleo |
| Incapacidad Permanente Absoluta | Inhabilita por completo para toda profesión u oficio con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia | Pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora | Exenta de retención y tributación en el IRPF (art. 7.f Ley 35/2006 del IRPF) |
| Gran Incapacidad (Gran Invalidez) | Pérdidas anatómicas o funcionales que requieren asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida | 100 % de la base reguladora + complemento económico de tercera persona (mínimo 45 % de la base, art. 196.4 LGSS) | Exenta de IRPF en los términos del art. 7.f LIRPF; revisable ante el INSS y Juzgados de lo Social de Tenerife |
Calculadora oficial de plazos 2026 · Tenerife y Canarias
El plazo de 20 días hábiles para impugnar un despido (art. 59.3 ET y art. 103 LRJS) es de caducidad estricta: el mes de agosto es hábil (art. 43.4 LRJS) y solo se descuentan sábados, domingos y los festivos oficiales de Canarias, de la isla de Tenerife (2 de febrero) y de tu municipio. Calcula tu fecha límite exacta antes de presentar la papeleta en el SEMAC de Santa Cruz de Tenerife.
Preguntas frecuentes
No. La valoración jurídica conecta las limitaciones funcionales acreditadas con el trabajo y con el grado solicitado. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden tener situaciones profesionales y funcionales distintas.
La incapacidad permanente parcial supone una disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal de la profesión habitual sin impedir sus tareas fundamentales (indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades, art. 196.1 LGSS); la total inhabilita para las tareas fundamentales de la profesión habitual (pensión del 55 % o 75 % cualificada); y la absoluta inhabilita por completo para toda profesión u oficio (pensión del 100 % de la base reguladora).
La denegación no significa que debas empezar de cero ni garantiza que un recurso vaya a prosperar. Revisamos el motivo, la fecha de notificación, el expediente y las limitaciones acreditadas para valorar la reclamación previa y, si procede, la demanda. Conserva la resolución completa y su justificante de recepción: los plazos no deben esperar a que consigas otro informe médico.
Puede existir compatibilidad con actividades cuyas funciones no coincidan con las que dieron lugar a la incapacidad, pero la respuesta depende del grado, el trabajo y la situación concreta. Conviene analizarlo antes de iniciar la actividad.
Sí, si se cumplen los requisitos legales. Hay que comprobar la fecha de revisión fijada en la resolución y el motivo: agravación, mejoría o error de diagnóstico, con las excepciones y límites del artículo 200 de la Ley General de la Seguridad Social. La revisión también puede partir del INSS y no garantiza una mejora de la pensión.
El artículo 7.f de la Ley del IRPF declara exentas las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o «gran invalidez». La Ley 2/2025 denomina «gran incapacidad» a este último grado en la normativa de Seguridad Social. Esa exención no se extiende automáticamente a una incapacidad total ni a cualquier seguro privado. Deben revisarse el grado, la entidad pagadora y las demás rentas: tener una pensión exenta no significa que todos tus ingresos lo estén.
Elige el recorrido correcto
El punto de partida puede ser un parte médico, una limitación funcional o una resolución administrativa. Separar esos escenarios permite revisar la prestación, la capacidad y la vía correcta.
¿Te ocurre esto?
Los informes deben describir limitaciones funcionales y evolución, no limitarse a enumerar diagnósticos.
Las tareas, esfuerzos, ritmos, posturas y responsabilidades del trabajo permiten valorar la incidencia real de las limitaciones.
Revisamos la resolución, el dictamen y los antecedentes para identificar qué hechos se aceptan y cuáles deben discutirse.
Ficha práctica verificable
El expediente debe conectar tres piezas: las limitaciones funcionales acreditadas, las tareas reales de la profesión habitual y la resolución o actuación del INSS. Acumular diagnósticos sin explicar qué actividades laborales impiden o dificultan deja incompleta esa conexión.
Distingue si preparas una solicitud, aportas datos a un procedimiento iniciado de oficio o revisas una resolución. Guarda la notificación completa y anota cuándo la recibiste.
Enumera tareas fundamentales, esfuerzos, posturas, ritmos, desplazamientos, responsabilidades y condiciones del puesto. El nombre de la profesión por sí solo no explica sus exigencias.
Ordena qué movimientos, cargas, tiempos, atención o interacción están limitados, con qué intensidad y desde cuándo. Relaciona cada limitación con un informe o prueba médica.
Sitúa bajas, tratamientos, pruebas, rehabilitación, recaídas y respuesta clínica en una cronología. Señala qué opciones terapéuticas siguen abiertas y qué limitaciones persisten.
Separa el grado que se pretende de otros posibles efectos y comprueba qué hecho todavía no está documentado. Una petición concreta permite valorar si falta informe funcional, expediente o prueba profesional.
Herramienta de expediente · Tenerife
Sitúa tu expediente en tres ejes. Obtendrás una hoja de preparación para saber qué pregunta debe comprobarse y qué documento falta ordenar antes de solicitar, responder o recurrir.
Completa los tres ejes. El resultado no te dirá “qué incapacidad tienes”: te indicará qué relación entre hechos, profesión y documentos necesita una revisión seria.
Comparación verificable
Síntesis orientativa de la clasificación legal vigente. La profesión habitual no es el grado total: el apartado 2 de la disposición transitoria vigésima sexta toma, en accidente, la profesión desempeñada normalmente al tiempo de sufrirlo y, en enfermedad, la actividad fundamental del periodo anterior que se determine reglamentariamente. Cada tarjeta describe el grado, no esa definición, y no publica porcentajes de pensión. La denominación no sustituye el análisis individual ni convierte una patología en un grado automático.
Reduce al menos un 33 % el rendimiento normal en la profesión habitual, sin impedir sus tareas fundamentales.
Impide todas o las tareas fundamentales de la profesión habitual, aunque permite dedicarse a otra distinta.
Inhabilita por completo para toda profesión u oficio.
Por pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Del expediente a la demanda
No existe un único “plazo para la incapacidad”. La solicitud, la resolución, la reclamación previa y su denegación abren momentos distintos. Esta secuencia resume las referencias generales vigentes; la notificación y el expediente concreto mandan.
Solicitud en trámite
Es el plazo máximo oficial para que la Dirección Provincial del INSS o del ISM dicte resolución.
Ver fuente oficial · RD 1300/1995 · art. 6Resolución denegatoria
Es la referencia general para presentar reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social.
Ver fuente oficial · LRJS · art. 71.2Reclamación previa presentada
La entidad dispone, con carácter general, de ese plazo para notificar una resolución sobre la reclamación.
Ver fuente oficial · LRJS · arts. 71.5 y 71.7Reclamación previa denegada
Es la referencia general para formular demanda judicial en materia de prestaciones de Seguridad Social.
Ver fuente oficial · LRJS · arts. 71.6 y 72Matriz funcional
La primera valoración conecta informes y pruebas médicas, tareas reales del puesto, vida laboral y resolución o expediente del INSS. Con esa matriz identificamos qué limitaciones están objetivadas, qué capacidad residual permanece, qué grado conviene estudiar y qué prueba falta antes de solicitarlo o recurrir. Una lista de enfermedades sin esa conexión funcional explica poco sobre la imposibilidad laboral concreta.
Hay que traducir dolor, fatiga, movilidad, concentración, tolerancia al esfuerzo o riesgo en restricciones concretas.
No basta el nombre del puesto. Importan tareas, cargas, posturas, ritmos, turnos, responsabilidad y exposición.
La valoración debe distinguir dificultad, reducción de rendimiento e imposibilidad, así como descansos o adaptaciones necesarias.
Parcial, total, absoluta y gran incapacidad responden a supuestos distintos. El grado debe derivarse de la matriz, no elegirse de antemano.
Prueba que ordena el expediente
La fuerza del expediente depende de la coherencia entre evolución clínica, pruebas, tratamiento, limitaciones y actividad profesional.
Permiten ver evolución, respuesta al tratamiento y persistencia, no una fotografía aislada.
Aportan datos objetivos que deben relacionarse con la limitación que se defiende.
Convenio, profesiograma, prevención o explicación detallada ayudan a concretar las exigencias del puesto.
Resolución, dictamen y antecedentes muestran qué hechos fueron valorados y qué puntos quedaron fuera.
Evita perder claridad
Recorrido del asunto
La fecha y el tipo de resolución determinan el siguiente paso. Cuando procede, la reclamación previa debe fijar con claridad hechos, grado y discrepancia. Si el asunto continúa judicialmente, la prueba médica y profesional tiene que sostener la misma tesis.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
Separamos lo que ya está documentado de lo que necesita prueba y ordenamos la cronología sin dar por cierto lo que todavía debe acreditarse.
Explicamos qué vías existen, qué puede cambiar el resultado y qué riesgos tiene cada alternativa antes de iniciar una actuación.
Si el asunto tiene recorrido, concretamos la actuación siguiente, la documentación pendiente y quién asume cada paso.
Documentación útil
Si tienes una carta, una resolución o una fecha exacta, cuéntanoslo ahora para que podamos detectar si existe un plazo que deba priorizarse.
Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 48.2 y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3 y entorno del Edificio de Usos Múltiples II en Avda. José Manuel Guimerá, 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 13 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
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