Subvenciones · Expedientes en Canarias

Abogado para devolución de ayudas COVID en Tenerife

Revisamos la notificación, las bases y la resolución de concesión para identificar qué te reclaman, en qué fase está el expediente y qué plazo indica. Ordenamos facturas, pagos, contabilidad, plantilla y justificaciones; calculamos importe e intereses y preparamos la subsanación, las alegaciones o el recurso que corresponda antes de presentar ningún escrito.

Por Álamo & Antúnez Abogados (Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz) · Actualizado el

Abogado para devolución de ayudas COVID en Tenerife · imagen destacadaSubvenciones · Expedientes en Canarias
+16 años de ejercicioDerecho Laboral y Seguridad Social en Tenerife
Viabilidad y cálculo exactoAuditoría documental previa de plazos y cuantías
Defensa sin intermediariosTu abogado lleva el expediente de principio a fin
Hoja de encargo por escritoHonorarios cerrados y estrategia clara antes de actuar

Respuesta breve

Qué revisamos y hacemos cuando te reclaman devolver una ayuda COVID

Puede tratarse de una petición de documentos, una subsanación, un acuerdo de inicio, una propuesta, una resolución o un recurso. Cada fase permite actuaciones distintas y la notificación debe indicar el cauce aplicable.

Ordena destino de fondos, contabilidad, facturas, pagos, plantilla y declaraciones. No presentes una explicación genérica: conecta cada requisito de la ayuda con una evidencia fechada.

PrimeroIdentificar el acto
PruebaDestino y pago
ReintegroPuede incluir intereses
PlazoEl de la notificación
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Qué es un expediente de reintegro

Un expediente de reintegro es el procedimiento para decidir si hay que devolver, total o parcialmente, una subvención ya cobrada. No es lo mismo que un requerimiento de justificación ni que una resolución firme. El acto notificado indica la fase y el plazo.

Las ayudas COVID originales ya no se solicitan. Lo que llega ahora suele ser control, subsanación o reintegro de un expediente anterior.

Fases y medios de defensa ante un requerimiento o expediente de reintegro de subvenciones en Canarias (Ley 38/2003 · Ley 39/2015)
Acto administrativo notificadoQué significa en el expedientePlazo habitual de actuaciónEstrategia de defensa en Canarias
Requerimiento de subsanación de justificaciónLa Administración (Gobierno de Canarias, SCE, Cabildo o Cámara) detecta omisiones o defectos en la cuenta justificativaPlazo improrrogable indicado en la notificación (habitualmente 10 o 15 días hábiles)Aportar de forma indexada facturas, extractos, modelos tributarios y memoria antes de que se inicie el reintegro
Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegroAbre formalmente el expediente del art. 42 de la Ley General de Subvenciones para exigir devolución total o parcial + interesesTrámite de audiencia y alegaciones (generalmente 10 a 15 días hábiles desde la notificación en sede electrónica)Alegar cumplimiento sustancial y principio de proporcionalidad (art. 37.2 LGS), caducidad del procedimiento (12 meses, art. 42.4 LGS) o prescripción (4 años, art. 39 LGS)
Resolución definitiva de reintegroActo que pone fin al procedimiento fijando la deuda exigible y el interés de demora subvencional1 mes para recurso potestativo de reposición / alzada o 2 meses para recurso contencioso-administrativo (según agote o no la vía)Impugnación administrativa o judicial solicitando, cuando proceda, suspensión cautelar o fraccionamiento
Caducidad del expediente (art. 42.4 LGS)El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de reintegro es de 12 meses desde la fecha del acuerdo de inicioSe invoca de oficio o a instancia del interesado si transcurren más de 12 meses sin notificación válidaExigir el archivo del expediente caducado y verificar si ha prescrito el derecho de la Administración (4 años)
02

Requerimiento, subsanación y reintegro

Un requerimiento busca completar o comprobar documentación. El inicio de reintegro abre un procedimiento para determinar si procede devolver todo o parte, normalmente con audiencia. La resolución decide y puede abrir recurso.

La devolución voluntaria es otra figura: puede reducir el tiempo de devengo de intereses, pero no debe realizarse sin identificar importe, referencia y efectos sobre el expediente.

03

Causas y proporcionalidad

La Ley General de Subvenciones contempla obtención sin requisitos, incumplimiento del objetivo, falta de justificación, resistencia al control y otros supuestos. No todos conducen necesariamente al mismo porcentaje.

Debe revisarse la base reguladora, la resolución de concesión y el incumplimiento imputado. Cuando el cumplimiento se aproxima de modo significativo y existe actuación inequívoca, puede ser relevante la proporcionalidad prevista por la norma y las bases.

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Cómo preparar alegaciones o recurso

Crea una cronología de concesión, cobro, periodo subvencionado, gastos, pagos, justificaciones y notificaciones. Indexa documentos y responde requisito por requisito. No hay un método de cuatro fases que gane el expediente por enunciarse.

El recurso y su plazo dependen del acto. En procedimientos administrativos, los plazos frente a resoluciones expresas suelen ser breves, pero manda el pie de recursos de la notificación y la norma aplicable. Comprueba también intereses y prescripción sin dar por hecho un plazo aislado.

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Defensa administrativa y contenciosa frente a expedientes de reintegro de subvenciones COVID en Canarias

Autónomos y pymes de Tenerife que percibieron ayudas directas de las líneas COVID gestionadas por el Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Empleo o las Cámaras de Comercio reciben requerimientos de subsanación, acuerdos de inicio de reintegro parcial o total y liquidaciones de intereses de demora por supuestos defectos formales en la cuenta justificativa, caída del volumen de operaciones o mantenimiento de la actividad.

Antes de abonar o aceptar un reintegro automático, auditamos el expediente administrativo completo para verificar tres defensas determinantes: la caducidad del procedimiento por superación del plazo de 12 meses (art. 42.4 LGS), la prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro a los 4 años (art. 39 LGS) y la aplicación del principio de proporcionalidad (art. 37.2 LGS) cuando el beneficiario ha cumplido de forma significativa las condiciones materiales de la convocatoria.

  • Alegaciones al acuerdo de inicio (15 días hábiles): fase crítica para aportar certificados tributarios de la AEAT y de la Agencia Tributaria Canaria, libros registro, facturas e informes de auditoría.
  • Recurso potestativo de reposición (1 mes) o recurso contencioso-administrativo (2 meses): impugnación de la resolución definitiva de reintegro y solicitud de suspensión cautelar o fraccionamiento de la deuda.

Preguntas frecuentes

Respuestas concretas antes de decidir.

¿Tengo que devolver la ayuda si me piden documentos?

No necesariamente. Un requerimiento puede permitir completar la justificación. Debe leerse su objeto, documentos y plazo antes de concluir que existe reintegro.

¿Pueden pedir solo una parte?

Sí puede existir reintegro parcial cuando la norma, las bases y el grado de incumplimiento permiten aplicar proporcionalidad. Hay que revisar el expediente concreto.

¿Se añaden intereses?

El reintegro puede incluir interés de demora conforme a la Ley General de Subvenciones. El cálculo depende de importe, fechas y actos del expediente.

¿Cuál es el plazo para recurrir?

Depende del acto y recurso indicado. Consulta el pie de recursos de la notificación; no asumas que todos los escritos tienen el mismo plazo.

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La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 48.2 y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).

En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3 y entorno del Edificio de Usos Múltiples II en Avda. José Manuel Guimerá, 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).

Fuentes oficiales

Normativa y organismos consultados.

Ley General de Subvenciones · reintegroLey 39/2015 · procedimiento y recursosGobierno de Canarias · trámite de alegaciones

Revisión editorial: 21 de julio de 2026. Las normas y cuantías variables deben comprobarse de nuevo antes de actuar.

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