Laboral y Seguridad Social
Para trabajadores con despidos, salarios, incapacidades, accidentes, acoso o cambios en sus condiciones.
Despacho de abogados en Tenerife · Santa Cruz de Tenerife
Como despacho de abogados en Santa Cruz de Tenerife (+16 años de trayectoria profesional, en C/ Puerta Canseco 35, frente al SEMAC y los Juzgados), analizamos tu problema jurídico, identificamos la jurisdicción competente en los ocho partidos judiciales de la isla y comprobamos de inmediato si corre un plazo perentorio de caducidad o prescripción.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
Empezamos con tres datos: qué ha sucedido, qué documento existe y cuál es la fecha más reciente. Después comprobamos el área, el posible plazo y la información que falta.
Esta clasificación evita mezclar normas o preparar documentación que no sirve para la vía correcta.
| Jurisdicción en Tenerife | Sede judicial u organismo principal | Partidos judiciales cubiertos | Materias habituales del bufete |
|---|---|---|---|
| Jurisdicción Social y SEMAC | SEMAC (C/ Puerta Canseco) y Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife (Palacio de Justicia) + TSJC | Competencia insular sobre los 31 municipios de Tenerife | Despidos, salarios, finiquitos, ERE/ERTE, acoso laboral, INSS, EVI y accidentes laborales |
| Jurisdicción Civil y de Familia | Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Familia | Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Granadilla de Abona, La Orotava, Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos y Güímar | Divorcios, custodia compartida, herencias, accidentes de tráfico, contratos, alquileres y deudas |
| Jurisdicción Mercantil y Concursal | Juzgados de lo Mercantil n.º 1 y n.º 2 de Santa Cruz de Tenerife | Competencia provincial sobre Santa Cruz de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro | Ley de la Segunda Oportunidad (EPI), concursos sin masa y responsabilidad societaria |
| Jurisdicción Contencioso-Administrativa | Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de S/C de Tenerife y Sala del TSJ de Canarias | Competencia insular y provincial frente a Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias | Interinos y empleo público, responsabilidad patrimonial sanitaria (SCS) y recursos administrativos |
| Jurisdicción Penal | Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial de S/C de Tenerife | Los 8 partidos judiciales de Tenerife | Defensa penal de investigados, juicios rápidos, acusación particular y delitos económicos |
Un despido, una sanción o un salario impagado se orientan a nuestro servicio de abogado laboralista en Tenerife. Un contrato, un alquiler o una deuda entre particulares, al civil. Un divorcio o una herencia se dirigen al abogado de divorcios en Tenerife o al abogado de herencias en Tenerife. Una citación o una denuncia, al penal.
Si el documento no deja claro el área, no hay que forzar una etiqueta. La primera utilidad de esta página es situar el conflicto y derivarlo al recorrido específico, no resolverlo con un texto genérico de bufete.
El posicionamiento central del despacho es laboral para personas. Ese enfoque se complementa con áreas civiles, familiares, hereditarias, penales y de responsabilidad cuando el caso lo exige.
Las empresas disponen de un recorrido independiente de asistencia laboral; en esta página aparecen solo como una línea secundaria del bufete.
El despacho está en Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Puedes iniciar el contacto por teléfono, WhatsApp o correo y explicar si existe urgencia.
La cita se prepara con los documentos relevantes para aprovechar el tiempo y evitar conclusiones sin base. Confirma la cita antes de desplazarte.
Preguntas frecuentes
La toma de contacto puede iniciarse a distancia. La forma de la consulta y las actuaciones posteriores dependen de la documentación, la urgencia y la necesidad de comparecer.
El despacho puede orientar inicialmente la consulta y confirmar si asume el asunto o si requiere otro profesional. No se debe clasificar un conflicto como mercantil solo porque intervenga una empresa.
Si existe una fecha de citación, despido, sanción, resolución, requerimiento o notificación judicial, comunícala al solicitar cita. El plazo concreto solo puede confirmarse tras revisar el documento.
En Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Confirma la cita antes de desplazarte.
El documento principal, su fecha de recepción, una cronología breve y lo que ya se haya contestado. No hace falta un relato jurídico cerrado.
¿Te ocurre esto?
Para trabajadores con despidos, salarios, incapacidades, accidentes, acoso o cambios en sus condiciones.
Para obligaciones, arrendamientos, daños, reclamaciones económicas y conflictos entre particulares.
Para divorcio, medidas familiares, herencias, particiones y decisiones patrimoniales relacionadas.
Para investigados, acusados, víctimas o personas citadas que necesitan conocer su posición procesal.
Orientador privado · 12 rutas · 8 minutos
No necesitas saber el nombre jurídico de tu problema para empezar bien. Revisamos la decisión empresarial, el documento recibido, las fechas, la prueba disponible y lo que está en riesgo. Elige tres respuestas para identificar la ruta adecuada y preparar el expediente mínimo de revisión.
Completa los tres datos para separar el conflicto principal, la prueba que falta y la página propietaria. No aparecerá una promesa de resultado ni un plazo inventado.
Orientación jurídica inicial
Esta superficie general está pensada para una consulta que llega sin una categoría jurídica clara: hay un documento, una pérdida, una decisión o un conflicto, pero no se sabe si predomina lo laboral, administrativo, civil u otra materia. No pretende posicionar una lista indistinta de servicios ni sustituir las páginas especializadas. Su función es ordenar hechos, partes, fechas y objetivo, identificar la rama principal y derivar a la página o profesional adecuado sin forzar cada asunto dentro del Derecho laboral.
Se describe la última decisión, comunicación, incumplimiento o daño antes de añadir interpretaciones y antecedentes secundarios.
Empresa, Administración, particular, aseguradora, comunidad o entidad gestora pueden situar el asunto en marcos diferentes.
Contrato, carta, resolución, factura, escritura, sanción o notificación ayudan a reconocer materia, efectos y posible vía.
La solución buscada permite distinguir información, negociación, reclamación, recurso o defensa, y comprobar si resulta jurídicamente compatible.
Prueba que ordena el expediente
La revisión inicial no exige enviar indiscriminadamente todo el archivo. Empieza por las piezas que identifican relación, decisión, fechas y consecuencia.
La comunicación íntegra, sus anexos y el medio de recepción suelen revelar quién actúa y qué efectos pretende.
Contrato, nombramiento, póliza, escritura o encargo permiten saber de dónde nacen los derechos discutidos.
Cinco o seis hitos fechados separan el origen del problema de negociaciones o conversaciones posteriores.
Respuestas, reclamaciones, registros y acuerdos muestran qué se ha intentado y qué no debe duplicarse.
Evita perder claridad
Recorrido del asunto
Se identifica el hecho principal, la relación y el documento que cambia la situación. Después se controla si existe alguna actuación inmediata y se clasifica el asunto. El resultado de esta orientación debe ser una derivación explicada: página laboral específica, área administrativa u otro profesional cuando la materia quede fuera del ámbito atendido.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
Separamos lo que ya está documentado de lo que necesita prueba y ordenamos la cronología sin dar por cierto lo que todavía debe acreditarse.
Explicamos qué vías existen, qué puede cambiar el resultado y qué riesgos tiene cada alternativa antes de iniciar una actuación.
Si el asunto tiene recorrido, concretamos la actuación siguiente, la documentación pendiente y quién asume cada paso.
Documentación útil
Si tienes una carta, una resolución o una fecha exacta, cuéntanoslo ahora para que podamos detectar si existe un plazo que deba priorizarse.
Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 4 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
Respuesta directa de los socios del despacho en horario hábil · Trato confidencial.