Responsabilidad civil y patrimonial · Tenerife
Santa Cruz de Tenerife · Atención en CanariasLas caídas en aceras en mal estado, obras municipales sin señalizar, supermercados, centros comerciales, hoteles o medios de transporte público (guaguas TITSA y Tranvía de Tenerife) exigen separar de inmediato quién es el titular del espacio, qué régimen jurídico se aplica y cómo se acredita el nexo causal antes de que desaparezca la prueba. En Álamo & Antúnez Abogados analizamos el atestado o parte de incidencia, la historia clínica de urgencias y las secuelas conforme al Baremo actualizado en 2026.
Simulador de daño corporal · Ley 35/2015 y Resolución DGSFP 2026 (+2,9 %)
Calcula la indemnización orientativa por lesiones temporales según las cuantías oficiales actualizadas un 2,9 % para 2026 (días de perjuicio básico, moderado con baja o limitación, grave y muy grave), añade los gastos médicos y de rehabilitación acreditados y contrasta el resultado con la oferta motivada de la aseguradora (art. 7 LRCSVM).
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González (ICATF 5950) y Diego Antúnez Cruz (ICATF 5951) para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
El error más frecuente tras sufrir una caída en Tenerife es tratar todos los supuestos como si siguieran el mismo trámite. Un resbalón en el pasillo de un supermercado o en la piscina de un hotel del sur de Tenerife se reclama por la vía civil frente a la mercantil titular y su compañía aseguradora, mientras que una caída por una arqueta rota o una baldosa suelta en una acera municipal exige abrir primero un expediente administrativo de responsabilidad patrimonial.
Separar correctamente el régimen aplicable evita que prescriba la acción o que se dirija la reclamación al órgano equivocado. En todos los casos se utiliza como criterio orientador de cuantificación el sistema legal de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (Ley 35/2015 y Real Decreto Legislativo 8/2004, con sus cuantías actualizadas en 2026 por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).
| Lugar del siniestro | Normativa principal aplicable | Sujeto responsable / Aseguradora | Plazo general de ejercicio | Jurisdicción competente |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento privado (supermercado, centro comercial, hotel, restaurante, tienda) | Art. 1902 CC, arts. 147–148 TRLGDCU y art. 76 LCS | Titular de la explotación y su aseguradora de responsabilidad civil | 1 año desde el alta o estabilización de secuelas (art. 1968.2 CC; interrumpible por requerimiento fehaciente) | Juzgados de Primera Instancia (orden civil) |
| Vía pública municipal o insular (aceras, calzadas, parques, obras públicas) | Arts. 32 a 37 Ley 40/2015 (LRJSP) y art. 67 Ley 39/2015 (LPACAP) | Ayuntamiento o Cabildo Insular titular de la vía y su aseguradora patrimonial ( más contratista si hay obra) | 1 año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67.1 LPACAP) | Vía administrativa previa y Juzgados de lo Contencioso-Administrativo |
| Transporte colectivo en Tenerife (guaguas TITSA, Tranvía Metropolitano, autocares) | RD 1575/1989 (SOV) y RDLeg 8/2004 (LRCSVM · Baremo 2026) | Aseguradora del Seguro Obligatorio de Viajeros y aseguradora de responsabilidad civil del vehículo | 1 año para la acción civil de circulación desde estabilización lesional (art. 7 LRCSVM) | Juzgados de Primera Instancia (orden civil) |
| Comunidad de propietarios (escaleras, portal, garaje, rampa sin mantenimiento) | Art. 10.1 LPH, art. 1902 CC y art. 76 LCS | Comunidad de propietarios y compañía aseguradora multirriesgo de la finca | 1 año para terceros (art. 1968.2 CC) o plazo personal si media obligación estatutaria específica | Juzgados de Primera Instancia (orden civil) |
Cuando una persona sufre una caída dentro de un establecimiento abierto al público (por ejemplo, por agua, aceite o fruta en el suelo de un supermercado, por pavimento mojado sin señalizar en la recepción o zona de piscina de un hotel en Adeje, Arona o Puerto de la Cruz, o por un peldaño defectuoso en un local comercial de Santa Cruz o La Laguna), entran en juego el artículo 1902 del Código Civil y los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La jurisprudencia exige acreditar que existía una fuente de riesgo no neutralizada (falta de limpieza diligente, ausencia de conos de advertencia, pavimento resbaladizo, alfombra levantada o iluminación insuficiente) y que esa omisión causó el accidente. Por eso es fundamental pedir en el acto la hoja de reclamaciones o el parte de incidencia y requerir por escrito al establecimiento que conserve las grabaciones de videovigilancia antes de que se supriman en el plazo máximo de 30 días previsto en el artículo 22.3 de la LOPDGDD.
Además, el artículo 76 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, reconoce a la persona perjudicada una acción directa contra la compañía aseguradora de responsabilidad civil del establecimiento, obligando a la entidad o al asegurado a manifestar la existencia del contrato de seguro y su contenido.
Para que prospere una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a un Ayuntamiento de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Adeje, Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, etc.) o frente al Cabildo Insular por el mal estado de una acera, calzada o espacio público, el artículo 32 de la Ley 40/2015 exige que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y que exista relación de causalidad.
No cualquier tropiezo en la calle es indemnizable. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo valoran el estándar de mantenimiento exigible: si se trata de una baldosa suelta que bascula al pisarla (efecto trampa), una arqueta sin tapa o hundida, una zanja de obra sin valla ni balizamiento luminoso o un desperfecto relevante y no advertible, la Administración —y, en su caso, la empresa concesionaria o contratista de la obra— responde. En cambio, si el desnivel es milimétrico, plenamente visible a plena luz del día y en una acera ancha, suele apreciarse rotura del nexo causal o concurrencia de culpas.
Los accidentes sufridos por pasajeros a bordo de una guagua de TITSA o del Tranvía de Tenerife (por frenazos bruscos para evitar una colisión, cierres de puertas, arrancadas antes de tomar asiento o colisiones en ruta) presentan una particularidad clave: la posible concurrencia del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV, regulado por el Real Decreto 1575/1989) y del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria en la circulación de vehículos a motor (Real Decreto Legislativo 8/2004).
El Seguro Obligatorio de Viajeros es una cobertura objetiva ligada al título de transporte (basta con viajar provisto de billete o validación en la tarjeta Ten+ y sufrir una lesión corporal a consecuencia de accidente del medio de transporte), cuyas indemnizaciones se fijan según su propio baremo reglamentario y son compatibles con las que correspondan por responsabilidad civil de circulación conforme al Baremo de Tráfico 2026 cuando medie responsabilidad del conductor o de otro vehículo interviniente.
Preguntas frecuentes
Tanto en la vía civil extracontractual (art. 1968.2 del Código Civil) como en la responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 67.1 de la Ley 39/2015), el plazo general es de 1 año. En daños corporales, el Tribunal Supremo fija el inicio del cómputo (dies a quo) en el momento en que se conoce de modo definitivo el quebranto padecido, es decir, desde el alta médica por curación o la estabilización de las secuelas.
Se aplica de forma orientativa o directa, según el supuesto, el Baremo de valoración de daños personales de la Ley 35/2015 actualizado en 2026 (+2,9 % conforme al IPC): se suman los días de perjuicio personal (básico, moderado, grave o muy grave), las intervenciones quirúrgicas, los puntos de secuela funcional y estética, los gastos médicos/rehabilitadores acreditados y el lucro cesante.
En ese caso concurren dos planos distintos que conviene analizar en paralelo: por un lado, la calificación laboral de la baja como accidente de trabajo in itinere ante la mutua y el INSS (art. 156.2.a LGSS); y, por otro, si la caída se debió a un desperfecto de la vía o a un tercero, la posible reclamación de daños y perjuicios contra el responsable o su aseguradora.
En establecimientos privados formulamos reclamación extrajudicial previa frente al titular y su aseguradora (art. 76 LCS) aportando historia clínica y valoración biomecánica o pericial; si no hay oferta suficiente, interponemos demanda civil. Frente al Ayuntamiento o Cabildo, si la reclamación patrimonial es desestimada expresa o presuntamente (silencio a los 6 meses), queda abierta la vía ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.
¿Te ocurre esto?
Se rige por la responsabilidad civil extracontractual (art. 1902 CC), la normativa de consumidores y usuarios (arts. 147 y 148 TRLGDCU) y la acción directa contra la aseguradora del establecimiento (art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro).
Se tramita mediante reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración titular de la vía (Ayuntamiento o Cabildo Insular en Tenerife) conforme a los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 y el artículo 67 de la Ley 39/2015.
Puede activar de forma compatible el Seguro Obligatorio de Viajeros (Real Decreto 1575/1989) y, cuando media hecho de la circulación o frenazo imputable, la responsabilidad civil del seguro de circulación conforme al Baremo 2026.
Analizamos el deber de conservación de los elementos comunes (art. 10.1 LPH), la existencia de peldaños, suelos deslizantes o falta de iluminación y la cobertura de la póliza multirriesgo de la comunidad.
Ficha práctica verificable
Asegura de inmediato fotografías panorámicas y de detalle del desperfecto o líquido en el suelo, solicita la presencia de la Policía Local o deja hoja de reclamaciones/parte interno sellado en el establecimiento, toma los datos de testigos presenciales y acude a urgencias dentro de las primeras 24–48 horas para que el informe clínico deje constancia del mecanismo causal.
Toma fotografías y vídeo tanto del defecto concreto (baldosa levantada, arqueta sin tapa, charco sin señalizar, escalón sin banda antideslizante) como del entorno general que permita ubicar la calle, el número de vía o el pasillo del local.
En vía pública, avisa a la Policía Local del municipio (Santa Cruz, La Laguna, Arona, Adeje, Puerto de la Cruz, etc.) para que levante parte de intervención o atestado. En un supermercado, hotel o centro comercial, exige hoja oficial de reclamaciones o parte de siniestro y solicita por escrito la conservación de las cámaras de seguridad.
Anota nombre completo, DNI y teléfono de las personas que presenciaron la caída o el estado previo del pavimento. En juicios civiles y contencioso-administrativos la declaración testifical suele ser decisiva para probar cómo ocurrió el tropiezo o resbalón.
El informe de urgencias o del 112 acredita la conexión temporal entre el accidente y la lesión. Conserva partes de baja, informes de rehabilitación, pruebas diagnósticas (radiografías, resonancias) y facturas de farmacia, ortopedia o desplazamientos.
La valoración económica completa (días de perjuicio personal básico o moderado, intervenciones quirúrgicas, secuelas funcionales o estéticas y lucro cesante) se cierra cuando recibes el alta médica definitiva o se estabilizan las secuelas.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
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Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados —en nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife)— integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 23 de octubre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
Respuesta directa del despacho en menos de 24 h laborables · Consulta confidencial.
