Me han dado el alta
Comprobamos órgano, día de notificación, duración del proceso y procedimiento aplicable.
Incapacidad temporal · Tenerife · Santa Cruz de Tenerife
Si tienes problemas durante una baja médica, te ayudamos a identificar qué debes reclamar y ante quién. Revisamos las notificaciones, el pago de la prestación, un alta con la que no estás conforme o un conflicto con la empresa. Cada cuestión tiene su propia vía: estudiamos los documentos y los plazos de tu caso para explicarte el siguiente paso.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
La incapacidad temporal cubre la situación de quien no puede trabajar mientras recibe asistencia sanitaria. Con carácter general puede alcanzar 365 días y, si el pronóstico de recuperación lo permite, una prórroga de hasta 180 días. Esos hitos cambian el control del expediente y no equivalen a una incapacidad permanente.
Esta página no calcula el último día ni la cuantía. La duración real, las recaídas y el alta se leen sobre partes y resoluciones.
En el texto consolidado de la Ley General de la Seguridad Social leído el 5 de octubre de 2026, la cabecera indica última actualización publicada el 31 de julio de 2026. El bloque del artículo 173 señala su última actualización publicada el 21 de diciembre de 2024, en vigor a partir del 3 de marzo de 2025. El consolidado es informativo y no tiene valor jurídico.
En accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, y el salario íntegro correspondiente al día de la baja queda a cargo del empresario. En enfermedad común o accidente no laboral, el subsidio se abona a partir del cuarto día de baja, y desde el día cuarto al decimoquinto, ambos inclusive, está a cargo del empresario. El artículo no asigna al empresario, como subsidio, los días anteriores al cuarto en la enfermedad común o el accidente no laboral, ni dice que esos días sean salario.
En la menstruación incapacitante secundaria y en la donación de órganos o tejidos para trasplante, el subsidio corre a cargo de la entidad gestora o colaboradora de contingencias comunes desde el mismo día de baja. En la interrupción del embarazo y en la gestación desde el día primero de la semana trigésima novena, se abona desde el día siguiente al de la baja, con el salario íntegro de ese día a cargo del empresario. Esta página no lee un convenio ni convierte esos tramos en un importe.
Ejemplo hipotético, no es un asunto del despacho. Una baja por enfermedad común empieza un lunes. El artículo 173 sitúa el subsidio a partir del cuarto día y deja el tramo del cuarto al decimoquinto a cargo del empresario. El ejemplo no numera un parte real ni calcula la base.
| Situación de la baja médica | Cuantía legal (sin mejora de convenio) | Órgano de control | Plazo de impugnación o actuación |
|---|---|---|---|
| Enfermedad común o accidente no laboral | 60 % base reguladora (días 4 a 20) y 75 % desde el día 21 | SCS, Mutua (propuesta) e INSS | 11 días hábiles frente a alta médica ordinaria (art. 71.2 LRJS) |
| Accidente de trabajo o enfermedad profesional | 75 % de la base reguladora desde el día siguiente a la baja | Mutua colaboradora e INSS | Solicitud de determinación de contingencia si figura como común |
| Agotamiento de 365 días de baja (art. 170.2 LGSS) | Control exclusivo por la inspección médica del INSS | Dirección Provincial del INSS | Procedimiento especial urgente de disconformidad en 4 días naturales |
| Despido estando de baja médica (Ley 15/2022) | Protección frente a discriminación por enfermedad o salud | SEMAC y Juzgados de lo Social | 20 días hábiles para demandar nulidad o improcedencia |
Servicio público de salud, mutua, INSS y empresa tienen funciones distintas. Saber quién emitió cada parte o resolución evita dirigir una impugnación al órgano equivocado.
La duración del proceso y la causa de la baja modifican el procedimiento de revisión y la situación tras el alta.
Cuánto se cobra depende de la contingencia, la base reguladora, el momento del proceso, el convenio y posibles mejoras. Empresa, mutua e INSS pueden sucederse en el pago. Una regla de bolsillo no sustituye nóminas, partes y resolución.
Si el alta se considera prematura, el primer dato es quién la emitió y cuándo se notificó. Algunos cauces son especialmente breves. Impugnar el alta no decide, por sí solo, la contingencia ni un despido posterior.
No es necesario entregar a la empresa diagnósticos completos para justificar la ausencia. Para la defensa jurídica sí debe organizarse la información relevante con confidencialidad.
Impugnar un alta no equivale a discutir si la enfermedad procede del trabajo. Tampoco un despido durante la baja es automáticamente nulo: exige revisar causa, indicios y protección aplicable.
Coordinamos las vías para evitar que una reclamación médica contradiga hechos relevantes del procedimiento laboral.
Simulador de prestaciones · Arts. 194 a 196 LGSS
Compara la cuantía mensual y anual según el grado reconocido por el EVI/INSS o por el Juzgado de lo Social (Parcial, Total para la profesión habitual, Total Cualificada para mayores de 55 años, Absoluta para todo trabajo y Gran Incapacidad con complemento de tercera persona).
Preguntas frecuentes
Depende de quién la emite y de la fase de la incapacidad temporal. Algunos procedimientos tienen plazos de pocos días, por lo que debe revisarse de inmediato.
Con carácter general recibe la información necesaria sobre la situación, no toda la historia clínica. La intimidad y protección de datos deben respetarse.
La baja no impide toda extinción, pero el despido puede ser improcedente o nulo si falta causa o existe discriminación o vulneración. Se analiza el caso concreto.
Puede solicitarse determinación de contingencia cuando existan hechos y prueba que conecten el proceso con el trabajo.
Elige el recorrido correcto
El punto de partida puede ser un parte médico, una limitación funcional o una resolución administrativa. Separar esos escenarios permite revisar la prestación, la capacidad y la vía correcta.
¿Te ocurre esto?
Comprobamos órgano, día de notificación, duración del proceso y procedimiento aplicable.
Valoramos exposición, accidente, partes, historia clínica y determinación de contingencia.
Revisamos base reguladora, porcentajes, pagos, complementos de convenio y responsable.
Separamos el expediente médico del conflicto laboral y preservamos ambos plazos.
Coordinación médica y laboral
Partes, citaciones, resoluciones, informes, nóminas y comunicaciones permiten reconstruir la asistencia, la prestación y la relación con la empresa. En la primera valoración ordenamos quién decidió cada cosa, qué documento o fecha falta y qué actuación conviene estudiar primero: responder una citación, revisar un alta o un pago, discutir la contingencia o preparar una reincorporación segura.
Inicio, seguimiento, alta, prórroga, recaída o transición se identifican por documentos, no por impresiones.
Servicio público de salud, INSS, mutua y empresa tienen funciones diferentes y no comparten siempre el mismo cauce.
Nóminas, base reguladora, pago delegado o directo y origen común o profesional se revisan separadamente.
Justificación, privacidad, citaciones, vacaciones, adaptación y eventual reincorporación deben coordinarse con el estado oficial.
Prueba que ordena el expediente
Los informes clínicos explican evolución y limitaciones; las resoluciones determinan la situación administrativa y sus efectos.
Baja, confirmación, alta, contingencia y notificaciones fijan emisor, fecha, efecto y posible actuación.
Evolución, tratamiento y limitación funcional aportan contexto médico pertinente sin entregar historias innecesarias a la empresa.
Nóminas, bases, transferencias y comunicaciones permiten detectar diferencias o cambios de responsable.
Contrato, puesto, prevención y mensajes empresariales sitúan las exigencias de una futura reincorporación.
Evita perder claridad
Recorrido del asunto
Se recopilan partes, resoluciones, informes y pagos, se identifica el emisor y se comprueban sus efectos. Después se separan las actuaciones médicas, prestacionales y laborales y se coordina la reincorporación cuando corresponda.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
Separamos lo que ya está documentado de lo que necesita prueba y ordenamos la cronología sin dar por cierto lo que todavía debe acreditarse.
Explicamos qué vías existen, qué puede cambiar el resultado y qué riesgos tiene cada alternativa antes de iniciar una actuación.
Si el asunto tiene recorrido, concretamos la actuación siguiente, la documentación pendiente y quién asume cada paso.
Documentación útil
Si tienes una carta, una resolución o una fecha exacta, cuéntanoslo ahora para que podamos detectar si existe un plazo que deba priorizarse.
Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 48.2 y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3 y entorno del Edificio de Usos Múltiples II en Avda. José Manuel Guimerá, 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 4 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
Respuesta directa de los socios del despacho en horario hábil · Secreto profesional.