Dibujar las empresas implicadas
Identificamos quién te contrata, para quién trabajas, qué servicio existe y qué responsables intervienen en la operativa diaria.
Cesión ilegal · Tenerife
Santa Cruz de Tenerife · Atención en CanariasSi una empresa te contrata pero otra organiza tu jornada, da las órdenes, aporta los medios o decide vacaciones y permisos, reconstruimos quién actúa realmente como empleador. Revisamos la contrata y el trabajo diario, ordenamos los indicios y concretamos qué declaración y qué efectos laborales pueden sostenerse con la prueba disponible.


Elige el recorrido correcto
Primero se identifica la fuente del derecho: contrato, convenio, práctica real, orden empresarial o acuerdo de teletrabajo. Así evitamos responder con una acción equivocada a un cambio que quizá pertenece a otro régimen.
Simulador Arts. 8.1, 15.4 y 43 ET
Calcula la indemnización por despido improcedente (33 días por año desde el primer día real de prestación de servicios) cuando una empresa pone fin a una relación de falso autónomo, las cuotas de RETA de los últimos 4 años o las diferencias salariales por cesión ilegal frente al convenio de la empresa principal (art. 43 ET), y las indemnizaciones del Sistema Especial de Empleadas de Hogar tras el RDL 16/2022.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
El artículo 43.1 reserva la cesión temporal a las empresas de trabajo temporal autorizadas. El artículo 43.2 entiende que hay cesión ilegal si el objeto de los contratos de servicios se limita a una mera puesta a disposición, o si la cedente carece de actividad u organización propia y estable, de los medios necesarios o de las funciones inherentes a empresario. El artículo 42 regula la información y la responsabilidad solidaria de la contrata, no esa calificación.
El artículo 43.2 no dice que el centro compartido, una orden aislada o el uniforme declaren la cesión ni que la excluyan. Esos datos se leen con las circunstancias que el apartado enumera. Esta página no declara la cesión.
En el texto consolidado releído el 12 de octubre de 2026, la cabecera indica última actualización publicada el 3 de octubre de 2026. El artículo 43.2 entiende que hay cesión ilegal cuando el objeto de los contratos de servicios se limita a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la cesionaria, o cuando la cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario. El apartado no dice que compartir centro, una orden aislada o el uniforme declaren la cesión ni que la excluyan. Esta página no declara la cesión.
El artículo 43.3 dice que los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan esos apartados responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social. No es la sucesión del artículo 44, que transmite una entidad económica y no extingue por sí el contrato.
El artículo 43.4 dice que las personas sometidas al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. En la cesionaria, los derechos y obligaciones son los que corresponden en condiciones ordinarias a quien preste servicios en el mismo puesto o en uno equivalente. La antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal.
Ejemplo hipotético, no es un asunto del despacho. Alguien cobra de una empresa y otra le fija el turno. El artículo 43.2 exige leer si hay mera puesta a disposición, falta de organización propia o falta de facultades empresariales. El ejemplo no elige empresa ni fija una antigüedad.
| Escenario o decisión clave | Criterio jurídico y comprobación en el expediente |
|---|---|
| Dibujar las empresas implicadas | Identificamos quién te contrata, para quién trabajas, qué servicio existe y qué responsables intervienen en la operativa diaria. |
| Demostrar quién dirige el trabajo | Ordenamos instrucciones, jornada, permisos, medios, supervisión e incidencias para separar la contrata escrita de la organización real. |
| Comparar tus condiciones | Revisamos antigüedad, convenio, grupo, salario y condiciones de las plantillas comparables para cuantificar los efectos que proceda estudiar. |
| Elegir la actuación adecuada | Con la cronología y la prueba definimos la reclamación frente a las empresas implicadas y valoramos la vía laboral o inspectora sin prometer un resultado automático. |
La cronología puede recoger quién daba instrucciones, evaluaba, sancionaba y decidía vacaciones o sustituciones. Órdenes, medios, horario, integración, facturación por horas y continuidad del puesto son datos del expediente. El artículo 43.2 no los convierte, uno a uno, en una declaración ni en una exclusión.
Esta página no publica una tabla de sanciones administrativas ni promete fijeza automática. La responsabilidad solidaria del artículo 43.3 y la condición de fijo del artículo 43.4 solo proceden si se declara la cesión.
Para comparar la contrata con lo que sucedía en el puesto, ordenamos los documentos por fechas y por empresa. Conviene anotar quién daba cada instrucción, quién podía cambiar el turno y quién resolvía los problemas del trabajo. El contrato y la nómina son el punto de partida, pero no sustituyen la prueba de la organización cotidiana.
El artículo 43.2 no dice que una orden aislada, compartir centro o llevar un uniforme decida el caso. Esos datos se contrastan con la mera puesta a disposición y con la actividad, la organización, los medios y las funciones de empresario de la cedente. Esta página no declara la cesión.
Cuando se acredita la cesión, el artículo 43.3 hace responsables solidarios a cedente y cesionario de las obligaciones con las personas trabajadoras y con la Seguridad Social. El artículo 43.4 reconoce a quienes han estado sometidos al tráfico prohibido el derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. En la cesionaria, los derechos y obligaciones son los de un puesto igual o equivalente, y la antigüedad se computa desde el inicio de la cesión ilegal. Esta página no declara la cesión ni elige empresa.
La cesión ilegal también puede constituir infracción administrativa. Esta página no anticipa una sanción ni un importe: Inspección de Trabajo valora hechos, empresas y régimen aplicable. La vía laboral y la administrativa no se confunden.
Preguntas frecuentes
El artículo 43.2 no dice que el centro compartido pruebe la cesión ni que la excluya. Hay que ver si el objeto de los contratos se limita a una mera puesta a disposición, o si la cedente carece de actividad u organización propia y estable, de los medios necesarios o de las funciones de empresario. Esta página no declara la cesión.
Además del contrato, cuadrantes, correos, instrucciones, accesos, organigramas y testigos pueden revelar la organización efectiva.
El artículo 43.4 dice que las personas sometidas al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. En la cesionaria, los derechos y obligaciones son los de un puesto igual o equivalente, y la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal. Esta página no declara la cesión.
No. Las ETT autorizadas operan bajo su regulación específica; deben comprobarse legalidad, contrato de puesta a disposición y condiciones.
¿Te ocurre esto?
Identificamos quién te contrata, para quién trabajas, qué servicio existe y qué responsables intervienen en la operativa diaria.
Ordenamos instrucciones, jornada, permisos, medios, supervisión e incidencias para separar la contrata escrita de la organización real.
Revisamos antigüedad, convenio, grupo, salario y condiciones de las plantillas comparables para cuantificar los efectos que proceda estudiar.
Con la cronología y la prueba definimos la reclamación frente a las empresas implicadas y valoramos la vía laboral o inspectora sin prometer un resultado automático.
Mapa de empleador real
El artículo 43.2 entiende que hay cesión ilegal cuando el objeto de los contratos de servicios se limita a una mera puesta a disposición, o cuando la cedente carece de actividad u organización propia y estable, de los medios necesarios o de las funciones de empresario. El centro, una orden aislada y el uniforme no aparecen en ese apartado como regla que declare o excluya la cesión. Esta ficha no la declara.
Se identifica quién da órdenes cotidianas, valida el trabajo, autoriza ausencias y modifica horarios o funciones.
Mandos propios, método, herramientas, formación, sustituciones y control del servicio permiten valorar si existe autonomía empresarial.
Equipos, correo, turnos, uniforme, directorio y convivencia con la plantilla son indicios que deben leerse conjuntamente.
Antigüedad, convenio, clasificación, salario y elección entre empresas exigen comparar situaciones y concretar la petición.
Prueba que ordena el expediente
Los contratos entre empresas ayudan a conocer el encargo, pero la calificación depende también de cómo se prestó efectivamente el servicio.
Correos, chats, reuniones y aplicaciones permiten identificar quién distribuye, corrige y supervisa el trabajo.
Herramientas, credenciales, uniformes, espacios y mandos muestran qué organización sostiene la prestación.
Vacaciones, horarios, permisos, incidencias, evaluación y sanciones sitúan quién ejerce las facultades empresariales.
Contrato, nóminas, convenios y tareas de plantillas comparables permiten delimitar las consecuencias reclamadas.
Evita perder claridad
Recorrido del asunto
La revisión separa la apariencia contractual de la organización efectiva. Después identifica los indicios relevantes, compara las condiciones laborales y define qué declaración y efectos pueden sostenerse ante las empresas implicadas.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
Separamos lo que ya está documentado de lo que necesita prueba y ordenamos la cronología sin dar por cierto lo que todavía debe acreditarse.
Explicamos qué vías existen, qué puede cambiar el resultado y qué riesgos tiene cada alternativa antes de iniciar una actuación.
Si el asunto tiene recorrido, concretamos la actuación siguiente, la documentación pendiente y quién asume cada paso.
Documentación útil
Si tienes una carta, una resolución o una fecha exacta, cuéntanoslo ahora para que podamos detectar si existe un plazo que deba priorizarse.
Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 4 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
Respuesta directa de los socios del despacho en horario hábil · Trato confidencial.