Calendario y plan de parentalidad
Concretamos el sistema de alternancia, las entregas, las vacaciones escolares, las fiestas, los cumpleaños y la comunicación con el menor para que el acuerdo sea ejecutable y no dependa de la buena voluntad diaria.
01Requisitos de la custodia compartida en Canarias (art. 92 del Código Civil)
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Canarias no tiene derecho civil propio en materia de familia, a diferencia de Aragón, Cataluña, Navarra o el País Vasco. Por eso, en Tenerife la custodia compartida se rige por el artículo 92 del Código Civil y por la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
El artículo 92.5 CC prevé la custodia compartida cuando la piden ambos progenitores en el convenio regulador o llegan a ese acuerdo durante el procedimiento. El artículo 92.8 CC permite acordarla también a instancia de uno solo de ellos, con informe del Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional (STC 185/2012, de 17 de octubre) declaró inconstitucional la exigencia de que ese informe fuera favorable, de modo que la decisión corresponde al juez.
En todos los casos el criterio decisivo es el interés superior del menor, que la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (art. 2, en la redacción de la LO 8/2015) obliga a valorar de forma primordial frente a cualquier otro interés legítimo.
- Que el sistema sea viable en la práctica: horarios, distancia entre domicilios y centro escolar
- Que ambos progenitores tengan capacidad y disponibilidad para el cuidado diario
- Que no concurra ninguna de las exclusiones del art. 92.7 CC (proceso penal o indicios fundados de violencia)
- Que la propuesta concrete un calendario, el reparto de gastos y la comunicación entre progenitores
02Criterios del Tribunal Supremo que valoran los juzgados de Tenerife
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La sentencia del Tribunal Supremo 257/2013, de 29 de abril, fijó como doctrina que la custodia compartida debe considerarse normal e incluso deseable, porque permite que el derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores sea efectivo también tras la ruptura. Desde entonces, los juzgados la examinan con una lista de criterios concretos, no con preferencias genéricas.
La jurisprudencia posterior ha matizado que la mala relación entre los progenitores solo impide la custodia compartida cuando afecta de forma relevante al menor. Una conflictividad propia de cualquier ruptura no basta por sí sola para descartarla, mientras que la imposibilidad de una comunicación mínima sí puede hacerlo.
- La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales
- Los deseos manifestados por los menores con madurez suficiente
- El número de hijos
- El cumplimiento por los progenitores de sus deberes respecto de los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales
- El resultado de los informes exigidos legalmente (Ministerio Fiscal y, en su caso, equipo psicosocial)
- Cualquier otra circunstancia que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica sea más compleja que la que se daba mientras los progenitores convivían
03Calendarios de custodia compartida más habituales
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No existe un calendario legal obligatorio. Los juzgados aprueban el sistema que mejor se ajusta a la edad de los hijos, a los horarios de los progenitores y a la distancia entre domicilios. Puedes comparar el reparto real de pernoctas y de entregas con el planificador interactivo de esta página.
| Sistema | Cómo funciona | Entregas al mes | Cuándo suele encajar |
|---|---|---|---|
| Semanas alternas (7/7) | Una semana con cada progenitor, con cambio un día fijo | 4 | Hijos en edad escolar y domicilios cercanos al colegio |
| 2-2-5-5 | Cada progenitor tiene siempre los mismos dos días entre semana y alternan fines de semana | 8 | Actividades extraescolares fijas y horarios laborales estables |
| 3-4-4-3 | Tres y cuatro noches alternas en un ciclo de dos semanas | 8 | Familias que buscan separaciones cortas sin muchas entregas |
| 2-2-3 | Bloques de dos, dos y tres noches que se invierten cada semana | 12 | Hijos pequeños y domicilios muy próximos |
| Quincenas alternas | Dos semanas con cada progenitor | 2 | Hijos mayores o domicilios alejados entre sí |
04Vías para conseguir la custodia compartida: mutuo acuerdo, contencioso o modificación de medidas
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La vía depende de si hay acuerdo y de si ya existe una sentencia anterior. En las parejas no casadas con hijos se sigue un procedimiento específico de guarda, custodia y alimentos, con las mismas garantías para los menores.
| Situación | Procedimiento | Qué se decide | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Hay acuerdo entre los progenitores | Mutuo acuerdo con convenio regulador (art. 777 LEC) | Custodia, calendario, alimentos, gastos y vivienda | El Ministerio Fiscal informa y el juez aprueba el convenio si protege a los menores |
| No hay acuerdo | Procedimiento contencioso (art. 770 LEC) | El juez fija el régimen tras la prueba | Puede incluir exploración del menor e informe psicosocial |
| Ya existe sentencia y han cambiado las circunstancias | Modificación de medidas (art. 775 LEC) | Paso de custodia exclusiva a compartida o ajuste del calendario | Exige acreditar un cambio sustancial y estable |
| Pareja de hecho o sin vínculo con hijos menores | Guarda, custodia y alimentos de hijos menores (arts. 748.4 y 770 LEC) | Las mismas medidas paterno-filiales que en un divorcio | No requiere inscripción previa como pareja de hecho |
| Urgencia antes o durante el procedimiento | Medidas provisionales (arts. 771 y 773 LEC) | Régimen temporal hasta la sentencia | Útil cuando hay bloqueo de estancias o riesgo |
05Pensión de alimentos en custodia compartida: cuándo se paga y cómo se calcula
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Repartir el tiempo por igual no significa que desaparezca la obligación de alimentos. Los alimentos se fijan en proporción a los recursos de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146 CC). Cuando los ingresos de los progenitores son muy distintos, el juez puede fijar una pensión a cargo de quien gana más para que el nivel de vida del menor sea equivalente en ambos domicilios.
Lo habitual es que cada progenitor asuma los gastos de manutención durante su periodo y que los gastos comunes (colegio, comedor, material escolar, seguro médico o actividades acordadas) se paguen desde una cuenta conjunta, con aportaciones proporcionales a los ingresos de cada uno.
Los gastos extraordinarios necesarios (salud no cubierta, refuerzo escolar prescrito) se reparten en la proporción que fije la resolución; los no necesarios requieren acuerdo previo. Puedes estimar el reparto con la calculadora de pensión de alimentos de esta página.
06Uso de la vivienda familiar cuando la custodia es compartida
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El artículo 96 CC atribuye el uso de la vivienda familiar a los hijos y al progenitor en cuya compañía queden cuando la custodia es exclusiva. Con custodia compartida no hay una regla automática: el Tribunal Supremo aplica por analogía la previsión del artículo 96 para los supuestos sin hijos a cargo de uno solo y suele atribuir el uso de forma temporal al progenitor con mayor necesidad de protección, con un plazo que permita reorganizar la vivienda.
Cuando la vivienda es común y está hipotecada, el acuerdo sobre su uso debe coordinarse con el pago del préstamo, la venta o la extinción del condominio. La llamada casa nido, en la que los hijos permanecen en la vivienda y rotan los progenitores, es posible por acuerdo, pero los juzgados rara vez la imponen por su complejidad práctica.
+4Dossier normativo ampliado, jurisprudencia y supuestos prácticos (4 apartados adicionales)+
07Cuándo no procede la custodia compartida
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El artículo 92.7 CC excluye la custodia compartida cuando uno de los progenitores está incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y también cuando el juez advierte indicios fundados de violencia doméstica o de género.
Fuera de esos supuestos, puede no acordarse si el sistema resulta inviable en la práctica (domicilios muy alejados, horarios incompatibles con el cuidado), si un progenitor no ha asumido sus responsabilidades o si el conflicto entre ambos afecta de forma relevante al menor.
08El menor, el Ministerio Fiscal y el equipo psicosocial
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El menor tiene derecho a ser oído en los procedimientos que le afectan. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (art. 9) presume que tiene madurez suficiente a partir de los 12 años, aunque el juez puede oír a menores más jóvenes. Su opinión se valora, pero no es vinculante.
Con hijos menores interviene siempre el Ministerio Fiscal (art. 749 LEC). Además, el juez puede recabar el dictamen de especialistas cualificados sobre la idoneidad del régimen de custodia (art. 92.9 CC), que en la práctica elabora el equipo psicosocial adscrito a los juzgados.
09Dónde se tramita la custodia compartida en Tenerife
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En los procesos sobre guarda y custodia de hijos menores es competente el juzgado del último domicilio común de los progenitores. Si residen en partidos judiciales distintos, quien demanda puede elegir entre el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor (art. 769.3 LEC).
En Tenerife existen ocho partidos judiciales: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Güímar, Granadilla de Abona y Arona. Atendemos asuntos en todos ellos, de forma presencial en Santa Cruz y por videollamada cuando el procedimiento lo permite.
Antes o durante el procedimiento, la mediación familiar regulada en Canarias por la Ley 15/2003, de 8 de abril, puede ayudar a cerrar un calendario consensuado que después se incorpora al convenio regulador.
10Traslado de domicilio del menor y decisiones de patria potestad
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Con custodia compartida o exclusiva, la patria potestad suele seguir siendo conjunta. Las decisiones relevantes, como el cambio de residencia del menor a otra isla o fuera de Canarias, el cambio de colegio o los tratamientos médicos no urgentes, requieren el acuerdo de ambos progenitores.
Si no hay acuerdo, cualquiera de ellos puede acudir al juez mediante el expediente de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad (art. 156 CC y Ley 15/2015). Un traslado unilateral puede motivar una modificación de medidas en contra de quien lo hace.