Familia · Ejecución de alimentos
IMPAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS ¿QUÉ HACER?
Revisamos la sentencia o convenio, cada mensualidad vencida, actualizaciones, pagos parciales, extractos y gastos extraordinarios para calcular exactamente la deuda. El despacho prepara la ejecución, solicita averiguación patrimonial y embargos y valora por separado la vía penal cuando los hechos y la prueba cumplen sus requisitos.
Por Álamo & Antúnez Abogados (Javier Álamo González · ICATF 5950 y Diego Antúnez Cruz · ICATF 5951) · Actualizado el
Familia · Ejecución de alimentosRespuesta breve
Qué revisamos y hacemos para reclamar la deuda y proteger el cobro
La ejecución permite reclamar cantidades vencidas, actualizaciones e intereses y solicitar averiguación patrimonial y embargos. Aporta resolución, liquidación mensual y justificantes de pagos recibidos o ausentes.
El artículo 227 del Código Penal contempla el impago durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, pero la responsabilidad penal exige sus propios elementos. No todo retraso es delito ni la denuncia cobra por sí sola todas las cantidades.
Simulador de Familia · Tablas CGPJ Canarias
Calculadora de Pensión de Alimentos, Custodia y Liquidación de Gananciales en Tenerife 2026
Calcula de forma orientativa la pensión mensual de alimentos según las Tablas del CGPJ ajustadas a Canarias y la proporcionalidad de ingresos de ambos progenitores (art. 146 del Código Civil), el porcentaje de contribución a gastos extraordinarios y el haber líquido repartible al 50 % en la liquidación de la sociedad de gananciales.
01Cómo preparar la deuda
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Construye una tabla desde el primer impago: importe debido, actualización, pago parcial, fecha y saldo. Adjunta extractos o justificantes que permitan seguir la trazabilidad.
Gastos extraordinarios no siempre se reclaman como la mensualidad. Revisa qué dice el título, si hubo acuerdo o autorización y cómo se acredita necesidad y pago.
- Sentencia o convenio
- Cuenta de pago
- Extractos y transferencias
- Tabla mensual
- Índice de actualización
- Facturas extraordinarias
02Ejecución, embargo y oposición
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El juzgado puede localizar bienes, cuentas, salarios, devoluciones o créditos del obligado. En alimentos existen especialidades y el tribunal fija la cantidad embargable atendiendo a las circunstancias.
Una dificultad económica no autoriza a cambiar unilateralmente la cuantía: debe pedirse modificación y, mientras no haya nueva resolución, el título sigue vigente.
03Cuándo valorar la vía penal
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El delito exige el patrón temporal legal y una conducta penalmente relevante, no responsabilidad objetiva por cada retraso. Deben analizarse capacidad de pago, decisiones y prueba.
Denuncia penal y ejecución civil tienen objetos distintos. La estrategia debe priorizar protección, cobro y prueba, sin usar el proceso penal como amenaza negociadora.
04Civil, penal y Fondo: qué no es automático
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La vía principal es la ejecución civil de la resolución (artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil): liquidación, averiguación patrimonial y embargo. El artículo 227 del Código Penal tipifica el impago durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, pero no hay prisión automática por cruzar ese umbral.
El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos puede anticipar cantidades con requisitos, topes y reembolso propios; no sustituye la ejecución ni cubre toda la pensión. Esta guía no publica un mínimo vital en euros. Los artículos 142 a 148 del Código Civil fijan concepto, proporcionalidad y efectos.
05Marco normativo y criterios aplicables sobre la reclamación por impago de la pensión de alimentos
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Cuando el progenitor obligado deja de pagar la pensión de alimentos, la ley ofrece dos vías para reclamar: la ejecución civil (embargo de bienes y cuentas) y la denuncia penal por delito de abandono de familia (art. 227 CP, pena de 3 meses a 1 año de prisión). Esta guía explica paso a paso qué hacer, qué normativa aplica y cómo proteger los derechos de los hijos.
06Qué es la pensión de alimentos y quién está obligado
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La pensión de alimentos comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentista (art. 142 del Código Civil). Están obligados a prestarlos los progenitores respecto de sus hijos (art. 143.2º CC), y la obligación subsiste mientras el hijo sea menor de edad o, siendo mayor, carezca de ingresos propios por causa que no le sea imputable (art. 152.3º CC).
La pensión se fija según dos criterios (art. 146 CC): el caudal o medios del obligado y las necesidades del alimentista. Ningún progenitor puede alegar insuficiencia económica para dejar de abonarla, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece el llamado mínimo vital, una cuantía básica que se debe siempre, incluso cuando los ingresos del obligado son bajos, (STS 558/2014, de 4 de noviembre).
Los alimentos se deben desde la fecha en que se interpone la demanda (art. 148 CC), salvo que la resolución judicial que los fije establezca efectos desde la fecha de la separación de hecho. En las medidas provisionales previas a la demanda de divorcio (art. 771 LEC), el juez puede fijar alimentos provisionales de inmediato.
+8Análisis jurídico ampliado, jurisprudencia y casos prácticos (8 apartados adicionales)+
07Vía civil: la ejecución forzosa de la sentencia
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Si el progenitor deja de pagar, la vía más directa es solicitar al mismo Juzgado de Familia que dictó la sentencia que la ejecute (arts. 776.1 y 776.2 LEC). El procedimiento tiene consecuencias exclusivamente patrimoniales: el juez puede decretar el embargo de salarios, rentas, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles y cualquier otro derecho del deudor.
Privilegio especial del embargo por alimentos
A diferencia de otros embargos, en las deudas por pensión de alimentos la ley permite embargar cantidades por debajo del salario mínimo interprofesional. El art. 608 LEC establece que los límites generales de inembargabilidad del art. 607 LEC no se aplican cuando se ejecutan sentencias que condenan al pago de alimentos. Esto significa que al deudor se le puede retener incluso de sus ingresos mínimos, respetando únicamente lo que el juez considere estrictamente necesario para su propia subsistencia.
Se pueden reclamar todas las mensualidades impagadas, los intereses de demora desde cada vencimiento (art. 576 LEC), y las costas del procedimiento de ejecución si prospera. No existe un límite temporal para acumular mensualidades impagadas, aunque conviene no demorar la reclamación: las pensiones devengadas prescriben a los cinco años (art. 1966.3º CC).
- Demanda de ejecución ante el Juzgado de Familia que dictó la sentencia de divorcio, separación o medidas (art. 776 LEC).
- Requerimiento de pago al deudor, con un plazo de 10 días para pagar voluntariamente o alegar lo que estime oportuno.
- Embargo de bienes si no paga: nómina, cuentas bancarias, vehículos, inmuebles, devoluciones de Hacienda, participaciones sociales.
- Realización de bienes: subasta judicial si es necesario para satisfacer la deuda.
08Vía penal: delito de abandono de familia
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El artículo 227 del Código Penal tipifica como delito el impago de pensiones alimenticias fijadas en convenio regulador o resolución judicial. La pena es de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.
Requisitos para que prospere la denuncia penal
La multa penal no es una multa administrativa: genera antecedentes penales. Si el condenado no paga la multa, esta se convierte en prisión sustitutoria a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas (art. 53 CP). Además, la sentencia penal puede fijar la obligación de abonar las cantidades adeudadas como responsabilidad civil derivada del delito (art. 109 CP), siempre que no se haya hecho reserva de la acción civil o ya esté en curso la ejecución en el Juzgado de Familia.
¿Se puede usar la vía civil y penal a la vez?
Sí. Ambas vías son compatibles y pueden ejercitarse simultáneamente. La ejecución civil busca cobrar lo adeudado; la penal busca sancionar la conducta. Es frecuente que la sola interposición de la denuncia penal haga que el deudor regularice los pagos para evitar la condena.
- Resolución judicial firme o convenio aprobado que fije la pensión.
- Impago de dos mensualidades consecutivas o cuatro alternas (criterio jurisprudencial consolidado, STS 700/2016).
- Voluntariedad del impago: el obligado podía pagar y no lo hizo. Si acredita imposibilidad absoluta (no mera dificultad), puede quedar absuelto.
09El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos
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Para situaciones de insolvencia del obligado, el Real Decreto 1618/2007 regula el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos (FGPA). Este fondo público adelanta las mensualidades impagadas bajo estos requisitos:
La solicitud se presenta en la Delegación de Justicia de la comunidad autónoma. En Canarias, se gestiona a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
- La pensión debe estar fijada en resolución judicial firme.
- Se debe haber intentado la ejecución forzosa sin éxito total (insolvencia declarada o parcial).
- Los ingresos del progenitor custodio no deben superar 1,5 veces el IPREM.
- Los hijos beneficiarios deben ser menores de edad o mayores con discapacidad.
- El anticipo máximo es de 100 €/mes por hijo, durante un máximo de 18 mensualidades.
10Modificación de la pensión de alimentos
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Si las circunstancias económicas del obligado han cambiado sustancialmente (pérdida de empleo, enfermedad grave, nacimiento de nuevos hijos), puede solicitar la modificación de medidas (art. 775 LEC). Lo que no puede hacer en ningún caso es dejar de pagar unilateralmente: hasta que el juez no dicte una nueva resolución rebajando o suspendiendo la pensión, la obligación original sigue vigente y su incumplimiento genera todas las consecuencias descritas.
Los efectos de la modificación se producen desde la fecha de la sentencia que la acuerde, no desde la interposición de la demanda (STS 545/2015, de 14 de octubre).
- Demanda de modificación de medidas ante el Juzgado que dictó la sentencia original.
- Acreditar el cambio sustancial: debe ser relevante, permanente (no transitorio) y no provocado por el propio obligado.
- Resolución judicial: el juez decidirá si procede reducir, aumentar o mantener la cuantía.
11Medidas de protección urgentes
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En situaciones de necesidad, el progenitor custodio puede solicitar al juez las medidas del artículo 158 CC, que permite adoptar cualquier disposición que considere oportuna para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios. Estas medidas pueden incluir la obligación de constituir un aval o garantía para asegurar el pago futuro de la pensión.
12Errores frecuentes en casos de impago de pensión
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Aspectos clave sobre errores frecuentes en casos de impago de pensión que conviene contrastar con la documentación del caso antes de presentar escrito o reclamación.
- Dejar de pagar sin resolución judicial: ni una pérdida de empleo ni un acuerdo verbal con el otro progenitor eximen del pago. Solo una sentencia de modificación libera de la obligación anterior.
- No reclamar a tiempo: las mensualidades prescriben a los 5 años (art. 1966.3º CC). Cuanto más se espere, más difícil es cobrar y más posibilidades tiene el deudor de organizar su insolvencia.
- Compensar pensión con gastos extraordinarios: el obligado no puede descontar de la pensión los gastos que haya pagado directamente (material escolar, ropa, actividades) sin acuerdo previo o resolución judicial.
- Impedir el régimen de visitas como represalia: el impago de la pensión y el régimen de visitas son obligaciones independientes. Ni el custodio puede impedir visitas porque no paga, ni el no custodio puede dejar de pagar porque le impiden ver a sus hijos.
- Pensar que la multa penal es administrativa: la multa del art. 227 CP genera antecedentes penales y, si no se paga, puede convertirse en prisión.
13Tabla resumen: vía civil vs. vía penal
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Aspectos clave sobre tabla resumen: vía civil vs. vía penal que conviene contrastar con la documentación del caso antes de presentar escrito o reclamación.
| Aspecto | Vía civil (ejecución) | Vía penal (art. 227 CP) |
|---|---|---|
| Objetivo | Cobrar las cantidades adeudadas | Sancionar al deudor |
| Juzgado | Juzgado de Familia que dictó la sentencia | Juzgado de Instrucción / Penal |
| Consecuencias | Embargo de nómina, cuentas, bienes | Prisión 3 meses-1 año o multa + antecedentes |
| Embargo bajo SMI | Sí (art. 608 LEC, privilegio alimentos) | Sí (responsabilidad civil derivada) |
| Compatibles | Sí, se pueden ejercitar simultáneamente |
14Supuestos prácticos frecuentes sobre el impago de la pensión de alimentos
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¿Cuántas mensualidades impagadas hacen falta para denunciar penalmente?
La jurisprudencia consolidada exige al menos dos mensualidades consecutivas o cuatro alternas (STS 700/2016). No obstante, un solo impago ya permite iniciar la ejecución forzosa civil.
¿Puedo dejar de pagar la pensión si pierdo el empleo?
No. La pérdida de empleo puede justificar una demanda de modificación de medidas (art. 775 LEC), pero mientras no haya nueva resolución judicial, la obligación de pago sigue vigente. Dejar de pagar unilateralmente supone riesgo de embargo y denuncia penal.
¿Qué ocurre si mi ex pareja impide las visitas y yo dejo de pagar?
El régimen de visitas y la pensión de alimentos son obligaciones independientes. Que le impidan ver a sus hijos no le exime de pagar la pensión, del mismo modo que el impago no autoriza al custodio a impedir visitas. Cada incumplimiento tiene su propio cauce procesal.
¿Hasta qué edad se paga la pensión de alimentos?
No existe una edad fija. La obligación cesa cuando el hijo alcanza independencia económica o cuando su falta de ingresos le es imputable (art. 152 CC). La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha extinguido pensiones a hijos mayores que no estudiaban ni buscaban empleo activamente (STS 104/2019, de 19 de febrero).
¿Puedo reclamar pensiones de hace varios años?
Sí, con límite. Las pensiones devengadas y no cobradas prescriben a los 5 años (art. 1966.3º CC). Pasado ese plazo, las mensualidades más antiguas se pierden.
¿El deudor puede evitar el embargo ocultando bienes?
En la práctica, el juez puede oficiar a la AEAT, la Seguridad Social y las entidades bancarias para localizar bienes y cuentas. La ocultación fraudulenta de patrimonio puede constituir un delito de alzamiento de bienes (art. 257 CP), castigado con prisión de 1 a 4 años.
¿Qué pasa si el deudor cobra en negro?
El progenitor custodio puede solicitar que el juez investigue los signos externos de riqueza del deudor (coche, vivienda, viajes, estilo de vida). También puede aportar prueba de empleo no declarado. El juez puede imputar al obligado la capacidad económica que corresponda a esos signos e imponer la pensión conforme a ella, no conforme a sus ingresos declarados.
¿Existe algún fondo público que adelante las pensiones?
Sí. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos (RD 1618/2007) adelanta hasta 100 €/mes por hijo durante un máximo de 18 meses, cuando se acredita insolvencia del obligado y los ingresos del custodio no superan 1,5 veces el IPREM. La solicitud se presenta en la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias.
¿Le deben la pensión de alimentos de sus hijos?
En Álamo y Antúnez Abogados tramitamos la ejecución civil y la denuncia penal por impago de pensión de alimentos. Conocemos los juzgados de familia de Tenerife y actuamos con rapidez para proteger los derechos de sus hijos. Consúltenos con criterio jurídico y confidencialidad.
En nuestro despacho de la Calle Puerta Canseco, 35 (Santa Cruz de Tenerife) analizamos de forma individualizada la documentación original del expediente —contratos, comunicaciones fehacientes, resoluciones administrativas y pruebas documentales— para verificar los plazos de caducidad o prescripción aplicables ante los juzgados y organismos competentes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Preguntas frecuentes
Respuestas concretas antes de decidir.
¿Puedo reclamar si solo pagó una parte?
Sí, puede ejecutarse la diferencia vencida si está calculada y acreditada.
¿Puede dejar de pagar porque perdió el trabajo?
No puede reducir unilateralmente la pensión. Puede solicitar modificación, pero el título vigente sigue siendo exigible.
¿Dos meses significan condena automática?
No. Es un umbral del artículo 227, pero deben probarse todos los elementos del delito.
¿La denuncia penal sustituye la ejecución?
No. La ejecución exige el título y embarga; la vía penal persigue una posible conducta delictiva.
¿El Fondo de Garantía paga toda la pensión impagada?
No. Puede anticipar con requisitos, cuantías máximas y un régimen de reembolso. No reemplaza la ejecución civil ni convierte el impago en un cobro automático.
Anexo normativo y áreas conexasProtocolo normativo (BOE), fuentes oficiales consultadas y mapa de servicios en Tenerife+
Vademécum normativo y procesal · 2026
Marco legal, doctrina del Tribunal Supremo y práctica ante SEMAC, INSS y Juzgados de Tenerife
Desplegar ficha técnica de preceptos legales (ET, LRJS, LGSS), doctrina STS/TSJC y control de plazos aplicable a: IMPAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS ¿QUÉ HACER?
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados —en nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife)— integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes oficiales
Normativa y organismos consultados.
Revisión editorial: 30 de junio de 2026. Las normas y cuantías variables deben comprobarse de nuevo antes de actuar.
Áreas de práctica y recursos
Servicios jurídicos y herramientas en Tenerife.
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