Derecho de familia y divorcios · Tenerife · Santa Cruz de Tenerife
Un convenio regulador o una sentencia de divorcio o guarda y custodia dictada hace tres, cinco o diez años rara vez encaja cuando los hijos crecen, cambian los turnos de trabajo en Tenerife, se reducen de forma estable los ingresos, nace un nuevo hijo o uno de los progenitores inicia convivencia con una nueva pareja en la vivienda familiar. En Álamo & Antúnez Abogados redactamos nuevos convenios reguladores de mutuo acuerdo y defendemos procedimientos contenciosos de modificación de medidas definitivas (art. 775 LEC y arts. 90 y 91 del Código Civil) en los ocho partidos judiciales de la isla.
Simulador de Familia · Tablas CGPJ Canarias
Calcula de forma orientativa la pensión mensual de alimentos según las Tablas del CGPJ ajustadas a Canarias y la proporcionalidad de ingresos de ambos progenitores (art. 146 del Código Civil), el porcentaje de contribución a gastos extraordinarios y el haber líquido repartible al 50 % en la liquidación de la sociedad de gananciales.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
En los Juzgados de Familia de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, así como en los Juzgados de Primera Instancia de Arona, Granadilla de Abona, La Orotava, Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos y Güímar, la mayor parte de los pleitos posteriores al divorcio nacen por convenios reguladores redactados con fórmulas vagas o superados por el paso del tiempo. Cuando el convenio no define qué es gasto extraordinario necesario frente a voluntario, quién recoge a los menores en el colegio o hasta cuándo dura la atribución de la vivienda familiar, el conflicto acaba estallando en ejecución de sentencia.
La Ley 8/2021 reformó de forma decisiva el artículo 96 del Código Civil en relación con el uso de la vivienda familiar: extinguida la minoría de edad de todos los hijos comunes (salvo hijos con discapacidad que hicieran conveniente continuar en el uso), se extingue automáticamente la atribución vinculada a la guarda infantil, abriendo paso a la liquidación del inmueble o a una atribución temporal limitada si concurre un cónyuge más necesitado de protección.
| Medida a revisar | Precepto y jurisprudencia | Qué debe acreditarse en el expediente | Efecto jurídico de la nueva resolución |
|---|---|---|---|
| Paso a custodia compartida o cambio de régimen de estancias | Arts. 90 y 92 CC · STS 257/2013 | Beneficio real para el menor, mayor autonomía por edad, conciliación horaria efectiva, cercanía logística en Tenerife y ausencia de causas de exclusión (art. 92.7 CC) | Nuevo plan de parentalidad (semanas alternas, 2-2-5-5, vacaciones por mitad) y reajuste de contribución a alimentos y vivienda |
| Reducción, aumento o extinción de pensión de alimentos | Arts. 142, 146, 147 y 152 CC · STS 395/2017 y 104/2019 | Alteración sustancial y estable de ingresos o necesidades; en mayores de 18 años, independencia laboral real o pasividad manifiesta en estudios y empleo | Nueva cuantía mensual adaptada a las Tablas orientadoras del CGPJ o extinción de la obligación alimenticia hacia el futuro |
| Extinción del uso de la vivienda familiar | Art. 96 CC (Ley 8/2021) · STS Pleno 641/2018 | Mayoría de edad de los hijos comunes, transcurso del plazo fijado o entrada estable de una nueva pareja del progenitor custodio en el domicilio familiar | Desafectación del uso familiar para permitir el uso alternativo, el alquiler, la venta o la extinción de condominio / liquidación de gananciales |
| Modificación o extinción de la pensión compensatoria | Arts. 97, 100 y 101 CC | Alteración sustancial de la fortuna de uno u otro excónyuge, superación del desequilibrio económico, nuevo matrimonio o convivencia marital estable del perceptor | Reducción, fijación de límite temporal o extinción definitiva de la pensión compensatoria |
Un buen convenio regulador del artículo 90 del Código Civil, tanto en divorcios de mutuo acuerdo como en rupturas de parejas estables con hijos menores, no se copia de un formulario estándar. En Canarias existen particularidades cotidianas que conviene prever por escrito: desplazamientos entre islas o a la Península en vacaciones, festivos insulares y locales (Carnaval, Día de Canarias), reparto de gastos escolares de septiembre, actividades extraescolares que requieren consentimiento previo expreso y protocolo de comunicación parental.
Cuando no existen hijos menores de edad no emancipados ni hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, el divorcio o la modificación posterior del convenio regulador de mutuo acuerdo puede otorgarse directamente en escritura pública ante Notario en Tenerife (artículos 82 y 87 CC y Ley del Notariado), asistidos obligatoriamente por letrado en ejercicio.
Siempre que exista margen real de entendimiento priorizamos el procedimiento de mutuo acuerdo del artículo 777 LEC: ambos progenitores (con un solo abogado y procurador común, o cada uno con su propio letrado) presentan la propuesta de nuevo convenio regulador, se ratifican en sede judicial y, tras el informe del Ministerio Fiscal si hay menores, queda homologado sin vista contenciosa ni desgaste emocional para los hijos.
Cuando la otra parte bloquea cualquier adaptación razonable, por ejemplo, negándose a extinguir una pensión de un hijo de 26 años ya independizado o impidiendo pasar a custodia compartida pese a reunir todos los presupuestos, preparamos la prueba documental, fiscal y pericial psicosocial necesaria antes de interponer la demanda contenciosa por el artículo 775 LEC.
Preguntas frecuentes
Frente a hijos menores carece de eficacia ejecutiva directa mientras no sea aprobado judicialmente previo informe del Ministerio Fiscal (arts. 90 y 91 CC). Si en el futuro surge un desacuerdo, el progenitor favorecido por la sentencia antigua podría instar ejecución judicial del convenio anterior si no lo homologasteis mediante modificación de medidas de mutuo acuerdo.
No. Conforme al artículo 93.2 y 142 del Código Civil, alcanzar la mayoría de edad no extingue automáticamente la pensión de alimentos mientras el hijo conviva en el domicilio familiar, carezca de ingresos propios suficientes y continúe su formación con aprovechamiento. Para dejar de abonarla sin incurrir en impago ejecutable hay que tramitar una modificación de medidas (de mutuo acuerdo o contenciosa) acreditando su incorporación estable al mercado laboral o su pasividad manifiesta.
En primer lugar, tras la reforma del artículo 96 del Código Civil por la Ley 8/2021, el uso atribuido en atención a los hijos menores se extingue al llegar todos a la mayoría de edad (salvo discapacidad que justifique mantenerlo). En segundo lugar, conforme a la STS de Pleno 641/2018, la entrada estable de una nueva pareja sentimental del progenitor custodio en la vivienda familiar hace perder al inmueble su naturaleza de domicilio familiar, permitiendo solicitar en modificación de medidas la extinción del derecho de uso.
Sí. El Tribunal Supremo declara de forma reiterada que el crecimiento de los menores, el cambio de horarios laborales de los padres y la consolidación de estancias amplias constituyen cambios relevantes que permiten acordar la custodia compartida en modificación de medidas siempre que responda al interés superior del menor (art. 92 CC).
Según el artículo 101 del Código Civil, el derecho a la pensión compensatoria se extingue por el cese de la causa que lo motivó (superación del desequilibrio económico), por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona, circunstancia esta última que puede acreditarse mediante prueba documental, testifical o de detectives privados habilitados.
Si se tramita de mutuo acuerdo mediante nuevo convenio regulador (art. 777 LEC), suele resolverse en unos pocos meses tras la ratificación y el informe del Ministerio Fiscal (o en cuestión de días ante Notario si no hay hijos menores ni con medidas de apoyo). Por la vía contenciosa (art. 775 LEC), la duración depende de la carga del partido judicial de Tenerife y de si se solicita prueba del equipo psicosocial, por lo que en casos urgentes valoramos pedir medidas provisionales coetáneas (art. 775.3 LEC).
No. La pensión compensatoria del artículo 97 CC mide el desequilibrio económico existente en el preciso momento de la separación o el divorcio. Si en el convenio o sentencia inicial no se reconoció ni se reservó derecho alguno, no cabe crearla por primera vez años más tarde en una modificación de medidas.
Bajo el marco de la Ley Orgánica 1/2025, antes de acudir a determinados procesos civiles contenciosos debe acreditarse la actividad negociadora previa salvo en las materias excluidas por ley (como tutela de derechos fundamentales, medidas urgentes del art. 158 CC o supuestos de violencia de género). En el despacho gestionamos y documentamos formalmente esa negociación previa para intentar un acuerdo útil y cumplir todos los requisitos de admisibilidad de la demanda.
Otras especialidades del área civil
Accede directamente a cada especialidad civil y concursal con su calculadora actualizada a 2026, normativa aplicable en Canarias y protocolo procesal ante los juzgados y notarías de Tenerife.
¿Te ocurre esto?
Acreditamos la evolución de la edad y rutinas de los menores, la cercanía entre domicilios y colegios en Tenerife y la implicación real de ambos progenitores conforme al artículo 92 CC y la doctrina del Tribunal Supremo (STS 257/2013).
Tramitamos la rebaja o incremento por cambio sustancial e involuntario de capacidad económica (arts. 146 y 147 CC), o la extinción por independencia económica o falta manifiesta de aprovechamiento en estudios o búsqueda de empleo de hijos mayores de edad (art. 152 CC).
Ejercitamos la acción para recuperar la disponibilidad o promover la venta/liquidación de la vivienda cuando todos los hijos alcanzan los 18 años (art. 96 CC tras Ley 8/2021) o cuando entra a convivir establemente una nueva pareja del progenitor usuario (STS Pleno 641/2018).
Negociamos convenios claros sin cláusulas ambiguas sobre gastos extraordinarios, entregas escolares, vacaciones en Canarias y pensión compensatoria por desequilibrio económico (arts. 90, 97, 100 y 101 CC).
Ficha práctica verificable
Conforme a los artículos 90.3 y 91 del Código Civil, el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, cuando no hay mutuo acuerdo debe probarse una alteración de circunstancias que reúna cinco notas acumulativas (o el interés superior del menor cuando afecta a hijos menores): que sea posterior a la sentencia o convenio vigente, sustancial o relevante, permanente o vocación de estabilidad (no meramente coyuntural), imprevisible al dictarse las medidas anteriores y no provocada voluntariamente por quien pide el cambio.
El juzgado no vuelve a juzgar si el convenio inicial fue acertado o no: compara las circunstancias existentes en la fecha de la sentencia previa (IRPF, nóminas, horarios, edades de los hijos y vivienda de aquel año) con las actuales para verificar qué ha cambiado objetivamente.
Salvo supuestos legalmente excluidos o de urgencia del artículo 158 CC, formulamos propuesta escrita de nuevo convenio regulador o negociación asistida entre letrados para intentar cerrar un mutuo acuerdo por el artículo 777 LEC (más rápido y económico) y acreditar la procedibilidad si hay que acudir a juicio contencioso.
Por mandato del artículo 775.1 LEC, el tribunal competente para modificar las medidas definitivas es el mismo Juzgado de Primera Instancia o de Familia que acordó las medidas iniciales. Con hijos menores interviene siempre el Ministerio Fiscal en defensa de su interés superior.
El artículo 775.3 LEC permite pedir en la propia demanda de modificación un ajuste provisional urgente (por ejemplo, ante pérdida repentina e involuntaria de ingresos o cambio urgente de centro escolar o isla) mientras se tramita el procedimiento principal.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
Separamos lo que ya está documentado de lo que necesita prueba y ordenamos la cronología sin dar por cierto lo que todavía debe acreditarse.
Explicamos qué vías existen, qué puede cambiar el resultado y qué riesgos tiene cada alternativa antes de iniciar una actuación.
Si el asunto tiene recorrido, concretamos la actuación siguiente, la documentación pendiente y quién asume cada paso.
Documentación útil
Si tienes una carta, una resolución o una fecha exacta, cuéntanoslo ahora para que podamos detectar si existe un plazo que deba priorizarse.
Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 10 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
Respuesta directa de los socios del despacho en horario hábil · Trato confidencial.
