Cuando una persona adulta —por enfermedad mental, demencia, discapacidad grave u otra causa— no puede gobernarse por sí misma ni tomar decisiones básicas sobre su vida, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos de protección. Tras la reforma introducida por la Ley 8/2021, el sistema español ha cambiado radicalmente: ya no se habla de “incapacitación” sino de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta guía te explica el nuevo sistema, qué medidas existen en Tenerife y cómo se solicitan.
—
El Cambio de Paradigma: De la Incapacitación a los Apoyos
El sistema antiguo (hasta 2021)
Hasta septiembre de 2021, el sistema español permitía la incapacitación judicial total o parcial de una persona, que era privada de su capacidad de obrar y quedaba representada por un tutor que actuaba en su nombre.
El nuevo sistema (Ley 8/2021)
La Ley 8/2021 elimina la incapacitación y sustituye el sistema por uno de apoyos:
- La persona con discapacidad conserva su capacidad jurídica en todo caso
- Los apoyos son medidas que ayudan a la persona a ejercer su capacidad, no a sustituirla
- Se busca la voluntad y preferencias de la persona, no solo su “beneficio objetivo”
- El juez diseña los apoyos de forma individualizada según las necesidades concretas
Las figuras legales del antiguo sistema (tutela, curatela, patria potestad prorrogada) quedan transformadas:
- La tutela desaparece para adultos (subsiste solo para menores no emancipados sin padres)
- La curatela pasa a ser la medida principal para adultos
- La patria potestad prorrogada se transforma en curatela representativa parental transitoria
—
Las Figuras de Apoyo Actuales (tras Ley 8/2021)
1. Apoyos voluntarios: el Poder Preventivo y el Autocuidado
La propia persona puede, mientras tiene plena capacidad, designar quién la apoyará cuando lo necesite:
- Poder notarial preventivo: poder que sigue siendo válido aunque el poderdante pierda capacidad. La persona designa a quién quiere que gestione sus asuntos (económicos, personales).
- Documento de instrucciones previas (o testamento vital): instrucciones sobre atención médica y decisiones de final de vida.
Estos instrumentos voluntarios son los más recomendables: permiten a la persona elegir quién la apoya y en qué condiciones, antes de perder la capacidad de decidir.
2. La Guarda de Hecho
Cuando alguien ejerce de facto apoyo a una persona con discapacidad sin nombramiento judicial. Es la situación de muchos familiares que cuidan a un anciano con demencia sin formalizar nada. Tras la Ley 8/2021, el guardador de hecho puede pedir al juzgado que se le expida una autorización de actos concretos o que sea reconocida su situación.
3. La Curatela (medida judicial principal)
Es la figura judicial para personas que necesitan apoyo continuo para actos que exceden la gestión ordinaria. El curador no sustituye a la persona en su toma de decisiones: la asiste y, solo si es imprescindible y el juez lo establece expresamente, la representa.
Curatela asistencial: el curador asiste a la persona pero esta decide (para personas con apoyo moderado).
Curatela representativa: el curador actúa en nombre de la persona en actos específicos que el juez determina (para personas con necesidades de apoyo más intensas).
4. El Defensor Judicial
Figura nombrada por el juzgado para situaciones concretas y temporales: cuando hay conflicto de intereses entre la persona y su curador, o cuando se necesita un acto concreto urgente.
—
¿Cuándo Se Necesita Acudir al Juzgado?
Se debe iniciar un procedimiento judicial cuando:
- La persona no puede gestionar su vida cotidiana por razón de enfermedad mental, demencia avanzada (Alzheimer, etc.), discapacidad intelectual grave u otras causas
- No existe ningún instrumento voluntario previo (poder preventivo)
- La guarda de hecho es insuficiente para proteger los intereses de la persona (por ejemplo, para vender un inmueble o gestionar una herencia)
- Existe riesgo para el patrimonio o la integridad de la persona (se aprovechan de ella económicamente)
- Necesita internamiento involuntario en centro de salud mental o residencia
—
El Procedimiento Judicial en Tenerife
¿Quién puede promover el procedimiento?
- El propio interesado (puede solicitar apoyos para sí mismo)
- El cónyuge o pareja de hecho
- Descendientes (hijos, nietos)
- Ascendientes (padres, abuelos)
- Hermanos
- El Ministerio Fiscal (en casos donde no hay familia o esta no actúa)
Ante qué juzgado
El procedimiento se inicia ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde reside la persona a apoyar. En Tenerife: Santa Cruz de Tenerife o La Laguna según el municipio.
Documentación necesaria
- Informe médico actualizado que acredite la situación de discapacidad y el grado de afectación
- Historial médico relevante (diagnósticos, informes psiquiátricos o neurológicos)
- Certificado de empadronamiento
- Certificado de nacimiento de la persona y del solicitante
- Inventario de bienes de la persona (para que el juez pueda valorar la gestión patrimonial)
Proceso paso a paso
- Demanda de medidas de apoyo presentada por el abogado del solicitante
- Exploración judicial: el juez entrevista personalmente a la persona con discapacidad para conocer su voluntad y preferencias
- Informes periciales: perito médico (psiquiatra o neurólogo) que informa al juez sobre el grado de afectación
- Informe del Ministerio Fiscal: el Fiscal emite informe sobre la procedencia de las medidas solicitadas
- Audiencia de los familiares más próximos
- Sentencia: el juez establece las medidas de apoyo necesarias, la figura concreta (curatela, defensor judicial) y las condiciones
Plazo aproximado: en los juzgados de Tenerife, el procedimiento suele resolverse en 6-12 meses desde la presentación de la demanda.
—
El Internamiento Involuntario
El internamiento no voluntario de una persona en un centro de salud mental o residencia requiere autorización judicial (art. 763 LEC), salvo urgencia vital.
Internamiento urgente
Si hay peligro inminente para la integridad de la persona o de terceros, el internamiento puede realizarse sin autorización previa, pero el médico que lo ordena debe comunicarlo al juzgado en 24 horas. El juez debe ratificar o levantar el internamiento en un plazo máximo de 72 horas.
Internamiento ordinario
Si no hay urgencia, debe solicitarse autorización judicial previa. El juez oye a la persona afectada, a su familia y al médico.
—
Protección Patrimonial: Cuenta Bloqueada y Medidas Cautelares
Si existe riesgo de que terceros (incluidos familiares) estén aprovechándose económicamente de la persona con discapacidad, el Fiscal o el solicitante pueden pedir al juzgado medidas cautelares urgentes:
- Bloqueo preventivo de cuentas bancarias
- Nombramiento urgente de un defensor judicial
- Prohibición de disposición de inmuebles
—
El Curador: Obligaciones y Rendición de Cuentas
El curador nombrado judicialmente tiene obligaciones:
- Actuar siempre en beneficio e interés de la persona apoyada
- Respetar su voluntad y preferencias en la medida de lo posible
- Rendir cuentas al juzgado sobre la gestión patrimonial (inventario anual)
- Pedir autorización judicial para actos relevantes (venta de inmuebles, disposición de capital, renuncia de herencias)
El curador puede ser removido si no cumple sus obligaciones o actúa en perjuicio de la persona apoyada.
—
Testamento de Persona con Discapacidad
Una persona con demencia u otra discapacidad puede otorgar testamento si en el momento del otorgamiento tiene capacidad suficiente para comprender el acto. El notario es quien evalúa esa capacidad en el momento concreto.
Si hay dudas, el notario puede solicitar un informe médico previo. Si un testamento ya otorgado se impugna alegando incapacidad, el proceso judicial requiere prueba pericial sobre el estado mental en el momento del otorgamiento.
—
Preguntas Frecuentes
Mi madre tiene Alzheimer: ¿necesito nombrarle un curador?
Depende del grado de afectación. Si tu madre aún puede gestionar su día a día con ayuda familiar y no necesita firmar documentos importantes, la guarda de hecho puede ser suficiente. Si necesita vender un inmueble, gestionar una herencia, o si el grado de demencia es avanzado y hay riesgo patrimonial, sí conviene iniciar el procedimiento judicial de curatela para tener respaldo legal en esos actos.
¿Puedo gestionar la pensión de mi familiar con discapacidad sin nombramiento judicial?
Depende. La Seguridad Social tiene un procedimiento propio para nombrar representante del pensionista: si el pensionista está incapacitado de hecho para gestionar su pensión, el familiar puede solicitar ante el INSS ser nombrado representante (tutor o curador de hecho) mediante documentación médica. Para cuentas bancarias, muchos bancos permiten operar con poder notarial o con autorización de curador.
¿Puedo hacer un poder preventivo para mí mismo por si en el futuro pierdo capacidad?
Sí, y es muy recomendable hacerlo antes de que sea necesario. Con plena capacidad, puedes otorgar ante notario un poder notarial preventivo designando a quien quieras para gestionar tus asuntos económicos y personales si en el futuro pierdes capacidad. Es mucho más rápido, barato y respetuoso con tu voluntad que el procedimiento judicial posterior.
¿Puede un familiar con demencia hacer donaciones o firmar contratos?
Si el familiar no tiene curatela judicial y no está incapacitado, formalmente puede firmar. Sin embargo, si en el momento de la firma no tenía capacidad de entender lo que firmaba, esos actos pueden ser anulables judicialmente. La carga de probar la falta de capacidad recae en quien impugna el acto.
—
Resumen
- La Ley 8/2021 eliminó la incapacitación y la sustituyó por un sistema de apoyos que respeta la autonomía de la persona
- Las figuras actuales son: curatela (principal), defensor judicial, guarda de hecho y apoyos voluntarios (poder preventivo)
- El procedimiento judicial se inicia ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia
- El internamiento involuntario requiere autorización judicial (salvo urgencia) en 72 horas
- El curador tiene obligación de rendir cuentas al juzgado y pedir autorización para actos importantes
- El poder preventivo notarial es el instrumento más recomendable para planificar la protección futura
Si necesitas iniciar un procedimiento de apoyos, nombrar curador o asesoramiento sobre la protección de un familiar con discapacidad en Tenerife, en Álamo & Antúnez Abogados te ayudamos desde el primer paso. Primera consulta gratuita.
