Cobro judicial de impagos · Arts. 812 a 818 LEC y LO 1/2025
Proceso monitorio en Tenerife para reclamar facturas y deudas impagadas: requisito MASC previo, plazo de 20 días y ejecución de embargo
Cuando un cliente comercial, una empresa, un inquilino o un particular deja impagada una factura vencida, un albarán entregado, una certificación de obra, un reconocimiento de deuda o recibos de comunidad en Tenerife, las llamadas amistosas repetidas solo consumen liquidez y acercan la prescripción. El proceso monitorio de los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite transformar esos documentos mercantiles o civiles en un título ejecutivo de embargo directo si el deudor no paga ni se opone fundadamente en 20 días hábiles.
Por Álamo & Antúnez Abogados (Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz) · Actualizado el
Cobro judicial de impagos · Arts. 812 a 818 LEC y LO 1/2025Respuesta breve
Cualquier deuda dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible documentada en facturas, albaranes, contratos o certificaciones puede reclamarse por vía monitoria sin límite máximo de cuantía, acreditando antes el intento negociador MASC de la LO 1/2025
Conforme al artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el proceso monitorio no tiene tope económico (puedes reclamar desde 900 euros hasta cientos de miles de euros) siempre que la deuda sea dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible, y se acredite mediante documentos firmados por el deudor o mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que habitualmente documenten créditos y deudas en relaciones de esa clase.
Desde la entrada en vigor en abril de 2025 de la Ley Orgánica 1/2025, presentar una petición inicial de proceso monitorio ante los Juzgados de Primera Instancia de Tenerife exige acompañar justificante de haber acudido previamente a un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC), como una oferta vinculante confidencial o requerimiento negociador fehaciente por burofax (arts. 5 y 17 LO 1/2025). Admitida la petición, el juzgado requiere al deudor para que en 20 días hábiles pague o presente oposición razonada; si guarda silencio, se dicta decreto dando por terminado el monitorio y abriendo el embargo inmediato de cuentas, créditos y bienes (art. 816 LEC).
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01Diferencia entre reclamar facturas entre empresas/autónomos (Ley 3/2004) y deudas entre particulares
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En operaciones comerciales entre empresas o profesionales autónomos en Canarias (proveedores de hostelería, subcontratas de construcción, distribuidores, transporte, agencias o servicios técnicos), la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad otorga una ventaja financiera formidable que muchos acreedores olvidan incluir: desde el vencimiento legal o pactado (máximo 60 días naturales), se devenga automáticamente el interés especial de demora comercial (tipo del BCE más 8 puntos porcentuales, situado por encima del 10 %-11 % anual) más una indemnización fija de 40 euros por cada factura impagada para costes internos de cobro (arts. 7 y 8 Ley 3/2004).
Cuando la deuda nace entre particulares o frente a un consumidor (préstamos documentados entre familiares o socios, impago de honorarios, rentas o comunidades de propietarios por el art. 21 LPH), se aplica el interés pactado válido o el interés legal del dinero desde la reclamación extrajudicial o judicial (arts. 1100 y 1108 CC). En nuestro despacho de abogados de reclamación de deudas en Tenerife calculamos ambas liquidaciones antes de enviar el requerimiento inicial.
| Escenario tras presentar el monitorio | Umbral económico actual | Trámite procesal siguiente | Intervención de abogado y procurador |
|---|---|---|---|
| 1. Fase inicial de petición monitoria | Sin límite máximo de cuantía (art. 812 LEC) | Admisión y requerimiento de pago al deudor por 20 días hábiles | No obligatoria para la petición inicial, aunque decisiva para cumplir la LO 1/2025 y blindar la prueba |
| 2. El deudor ni paga ni se opone en 20 días | Hasta 2.000 € / Más de 2.000 € | Decreto de archivo y despacho de ejecución con embargo (art. 816 LEC) | Obligatoria para la demanda ejecutiva cuando la cuantía reclamada supera los 2.000 € (art. 539.1 LEC) |
| 3. Oposición del deudor en cuantía hasta 15.000 € | Hasta 15.000 € (nuevo tope RDL 6/2023) | Impugnación escrita en 10 días hábiles y tramitación por Juicio Verbal (art. 818.2 LEC) | Obligatoria siempre que la reclamación exceda de 2.000 € (art. 23 y 31 LEC) |
| 4. Oposición del deudor en cuantía superior a 15.000 € | Más de 15.000 € | El acreedor dispone de 1 mes para presentar demanda completa de Juicio Ordinario (art. 818.2 LEC) | Obligatoria en todo caso (si no se presenta en 1 mes, se sobresee con condena en costas al acreedor) |
02Qué hacer cuando la sociedad deudora cierra la persiana: derivación de responsabilidad al administrador
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En Tenerife es habitual encontrar sociedades limitadas que dejan facturas impagadas, vacían la actividad de hecho sin liquidarse ordenadamente ni presentar concurso y pretenden que el proveedor dé el crédito por perdido. Antes de iniciar un monitorio estéril contra una sociedad completamente inactiva, investigamos sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife.
Si la sociedad incurrió en causa legal de disolución por pérdidas que dejaron su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social (art. 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital) y su administrador no convocó junta en dos meses ni solicitó concurso, el artículo 367 LSC permite reclamar solidariamente la deuda posterior al patrimonio personal del propio administrador societario.
Preguntas frecuentes
Respuestas concretas antes de decidir.
¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar una factura impagada en Tenerife?
El plazo general de las acciones personales contractuales entre empresas o autónomos es de 5 años desde que pudo exigirse el pago (art. 1964.2 del Código Civil). No obstante, ten especial cuidado cuando el cliente es un consumidor particular que compró géneros a un comerciante o contrató determinados servicios profesionales (abogados, peritos, profesores, hostelería), donde el artículo 1967 del Código Civil reduce la prescripción a 3 años. Cualquier burofax fehaciente interrumpe el plazo y reinicia el contador desde cero (art. 1973 CC).
¿Se puede reclamar el IGIC de una factura impagada y a la vez recuperarlo ante la Agencia Tributaria Canaria?
Sí, cumpliendo estrictamente los plazos fiscales de modificación de la base imponible por créditos incobrables en el IGIC (Ley 20/1991): precisamente uno de los requisitos indispensables para recuperar ante la Agencia Tributaria Canaria la cuota de IGIC repercutida y no cobrada es haber instado su cobro mediante reclamación judicial (como el proceso monitorio) o mediante requerimiento notarial dentro del ventana legal.
He recibido yo un proceso monitorio en el juzgado y no estoy de acuerdo con la factura o los intereses: ¿qué debo hacer?
No ignores jamás el sobre del juzgado. Tienes exactamente 20 días hábiles desde el día siguiente a la recepción para presentar escrito de oposición exponiendo de forma fundada y motivada las razones por las que no debes todo o parte de lo reclamado (obra defectuosa, prescripción, falta de entrega, intereses usurarios). Si la cuantía supera los 2.000 euros, necesitas obligatoriamente firma de abogado y representación de procurador.
¿Qué juzgado es competente si mi empresa está en Santa Cruz de Tenerife pero el moroso reside en Adeje o en Madrid?
Conforme al artículo 813 de la LEC, la competencia territorial en el proceso monitorio es imperativa y corresponde exclusivamente al Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor (o del lugar en que pudiera ser hallado a efectos del requerimiento), salvo en reclamaciones de cuotas de comunidades de propietarios, donde también puede elegirse el lugar donde radique la finca.
Anexo normativo y áreas conexasProtocolo normativo (BOE), fuentes oficiales consultadas y mapa de servicios en Tenerife+
Ficha práctica verificable
¿Qué ocurre tras los 20 días hábiles del requerimiento en un proceso monitorio en Tenerife?
Una vez notificado el requerimiento de pago por el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor en Tenerife (art. 813 LEC), solo caben tres desenlaces en el plazo de 20 días hábiles: 1) El deudor paga y se archiva el expediente entregándote la suma; 2) El deudor no paga ni comparece, en cuyo caso el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto finalizando el monitorio, devengándose desde entonces el interés procesal (interés legal + 2 puntos, art. 576 LEC) y despachándose embargo ejecutivo a instancia del acreedor (art. 816 LEC); o 3) El deudor presenta escrito motivado de oposición (con abogado y procurador si supera 2.000 €), transformándose el pleito en juicio verbal (hasta 15.000 € tras el RDL 6/2023) o en juicio ordinario (más de 15.000 €, disponiendo de 1 mes para interponer la demanda del art. 818.2 LEC).
- Fase I
Auditoría documental del crédito y blindaje frente a la prescripción
Verificamos que las facturas vayan acompañadas de presupuesto aceptado, pedido por correo o WhatsApp, albarán de entrega, parte de trabajo o pagos parciales previos que prueben la realidad de la prestación comercial o profesional, revisando el plazo de prescripción de 5 años (art. 1964.2 CC, o 3 años en determinados honorarios y ventas a consumidores del art. 1967 CC).
- Fase II
Requerimiento fehaciente / Oferta Vinculante Confidencial (MASC LO 1/2025)
Enviamos burofax con certificación de texto y acuse de recibo o comunicación fehaciente que cumple simultáneamente tres funciones: interrumpe la prescripción (art. 1973 CC), constituye en mora al deudor y acredita el requisito obligatorio de procedibilidad MASC exigido por el artículo 5 de la LO 1/2025.
- Fase III
Petición inicial de proceso monitorio en el partido judicial del deudor
Presentamos el monitorio ante el Juzgado de Primera Instancia donde el deudor tenga su domicilio o sede social en Tenerife (Santa Cruz, La Laguna, Arona, Puerto de la Cruz, La Orotava, Granadilla, Güímar o Icod), dado que en el monitorio no caben cláusulas de sumisión expresa (art. 813 LEC).
- Fase IV
Despacho de ejecución y averiguación patrimonial o defensa en verbal/ordinario
Si el deudor no contesta en 20 días hábiles, instamos de inmediato la demanda ejecutiva trabando saldos bancarios, créditos frente a terceros clientes, devoluciones de Hacienda/IGIC, vehículos e inmuebles; y si se opone con excusas dilatorias, defendemos la condena íntegra con intereses de la Ley 3/2004 y costas.
- Facturas vencidas emitidas conforme a reglamento con desglose de base e IGIC/IVA
- Presupuesto firmado, contrato, hoja de pedido, correos electrónicos o mensajes de aceptación del encargo
- Albaranes de entrega firmados, certificaciones de obra o partes de prestación del servicio
- Extracto de pagos a cuenta, pagarés devueltos o reconocimiento escrito de deuda y plan de pagos incumplido
- Justificante del requerimiento previo fehaciente / intento MASC remitido al deudor
- Una factura emitida unilateralmente sin rastro alguno de encargo, entrega o relación comercial previa es fácil de impugnar en caso de oposición: por eso reforzamos antes la carpeta probatoria.
- Si el deudor carece de domicilio localizable en España tras las averiguaciones del juzgado, el monitorio se archiva sin cosa juzgada para acudir directamente al juicio declarativo que corresponda (art. 813 LEC).
Vademécum normativo y procesal · 2026
Marco legal, doctrina del Tribunal Supremo y práctica ante SEMAC, INSS y Juzgados de Tenerife
Desplegar ficha técnica de preceptos legales (ET, LRJS, LGSS), doctrina STS/TSJC y control de plazos aplicable a: Proceso monitorio en Tenerife para reclamar facturas y deudas impagadas: requisito MASC previo, plazo de 20 días y ejecución de embargo
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes oficiales
Normativa y organismos consultados.
Revisión editorial: 13 de noviembre de 2026. Las normas y cuantías variables deben comprobarse de nuevo antes de actuar.
Áreas de práctica y recursos
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