Derecho de Familia · Arts. 93 y 142 CC y 608 y 776 LEC · Santa Cruz de Tenerife
La fijación, revisión o ejecución forzosa de la pensión de alimentos de los hijos en Tenerife exige rigor contable y procesal: ni sirve aplicar una cifra estándar desconectada de las nóminas, rentas e hipoteca reales de ambos progenitores, ni conviene tolerar meses de impagos o abonos parciales sin activar el despacho de ejecución judicial. En Álamo & Antúnez Abogados defendemos procedimientos de fijación de alimentos en divorcios y medidas paternofiliales, incidentes de declaración previa de gastos extraordinarios (art. 776.4 LEC), demandas de ejecución con embargo salarial sin el tope del SMI (art. 608 LEC) y querellas o defensas penales por delito de impago de pensiones (art. 227 CP) ante los Juzgados de Familia y Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Orotava y Arona.
Simulador de Familia · Tablas CGPJ Canarias
Calcula de forma orientativa la pensión mensual de alimentos según las Tablas del CGPJ ajustadas a Canarias y la proporcionalidad de ingresos de ambos progenitores (art. 146 del Código Civil), el porcentaje de contribución a gastos extraordinarios y el haber líquido repartible al 50 % en la liquidación de la sociedad de gananciales.
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
El artículo 142 del Código Civil comprende dentro de los alimentos todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción de los hijos mientras sean menores de edad y aun después cuando no hayan terminado su formación por causa que no les sea imputable (art. 93.2 CC). Para cuantificarlos, los Juzgados de Familia de Tenerife aplican el binomio del artículo 146 CC: proporcionalidad estricta entre las necesidades reales de los menores y el caudal o medios económicos netos de quien los da, aplicando de forma orientativa las Tablas Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial corregidas por tamaño de municipio e insularidad.
Un error frecuente consiste en pensar que la custodia compartida en Tenerife elimina siempre y automáticamente toda pensión de alimentos. La Sala Primera del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS 55/2016 y 658/2021) mantiene que, incluso con reparto igualitario de tiempos de convivencia, procede fijar una pensión alimenticia o un porcentaje asimétrico de ingreso en cuenta común cuando existe desequilibrio relevante entre los ingresos de ambos progenitores o uno de ellos carece temporalmente de recursos suficientes.
| Categoría del gasto de los hijos | Qué conceptos incluye habitualmente | ¿Requiere consentimiento previo del otro progenitor? | Cómo se abona y reclama judicialmente |
|---|---|---|---|
| Gastos ordinarios (cubiertos por la pensión mensual) | Alimentación, ropa y calzado, suministros domésticos, libros de texto, matrícula y comedor escolar público o concertado habitual y farmacia corriente | No: ya están integrados en el importe mensual de la pensión ordinaria o cuenta común | Despacho directo de ejecución forzosa (arts. 571 y 776 LEC) desde el primer mes de impago |
| Gastos extraordinarios necesarios (imprevisibles e inexcusables) | Tratamientos médicos, quirúrgicos, odontológicos, ortodoncia necesaria, gafas/lentillas, logopedia o psicoterapia no cubiertos por el Servicio Canario de la Salud ni seguro | Se deben comunicar con presupuesto e informe facultativo, pero su urgencia o necesidad clínica impide el veto injustificado | Al 50 % (o proporción fijada en sentencia); si no consta expresamente en el título, trámite previo del art. 776.4 LEC |
| Gastos extraordinarios no necesarios o voluntarios | Viajes al extranjero, campamentos de verano opcionales, carné de conducir, academias no indispensables o cambio unilateral a colegio privado | Sí: exigen acuerdo previo y expreso de ambos progenitores (o autorización judicial supletoria del art. 156 CC) | Solo se pagan entre ambos si hubo consenso acreditado; de lo contrario los asume íntegramente quien los contrató |
| Actualización anual de la pensión (IPC / índice pactado) | Revalorización automática conforme al Índice de Precios al Consumo publicado por el INE en la fecha prevista en el convenio o sentencia | No: opera por mandato directo de la resolución judicial aunque no haya requerimiento previo | Reclamable respecto de los atrasos no prescritos de los últimos 5 años (art. 1966.1.ª CC) |
Cuando el progenitor obligado deja de ingresar la pensión, abona solo lo que él decide o descuenta unilateralmente días de vacaciones, conviene elegir con criterio entre la vía civil de ejecución forzosa y la vía penal. La ejecución civil ante el mismo juzgado de Tenerife que dictó la sentencia es la herramienta más rápida para trabar cuentas corrientes, retener salarios, embargar devoluciones tributarias e imponer multas coercitivas mensuales mientras persista el incumplimiento Reiterado (art. 776.1.ª LEC), sin exigir que transcurra un número mínimo de meses.
La vía penal del artículo 227 del Código Penal requiere tres elementos concurrentes: resolución judicial o convenio judicialmente aprobado, impago durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, y dolo (es decir, que el obligado tuviera capacidad económica para pagar total o parcialmente y omitiera voluntariamente hacerlo, STS Sala 2.ª 185/2001 y doctrina posterior). Por eso, si el deudor tiene nómina, inmuebles o actividad visible, la ejecución civil suele cobrar antes; y si oculta bienes o trabaja sin declarar ingresos reales, la investigación penal resulta decisiva.
Cumplir 18 años no extingue por sí solo la pensión de alimentos ni permite dejar de ingresarla al mes siguiente. Mientras el hijo mayor de edad conviva en el domicilio familiar y carezca de ingresos propios por estar cursando estudios universitarios o de formación profesional con aprovechamiento normal, la obligación subsiste conforme al artículo 93.2 del Código Civil.
Sin embargo, los tribunales extinguen la pensión mediante procedimiento de modificación de medidas en Tenerife en tres supuestos consolidados: cuando el hijo mayor se incorpora de forma estable al mercado laboral o dispone de capacidad real para mantenerse, cuando existe pasividad manifiesta y prolongada en los estudios o búsqueda de empleo (los denominados supuestos de desidia formativa, STS 395/2017), o cuando el hijo mayor de edad rompe de forma libre, unilateral, relevante e injustificada toda relación personal con el progenitor alimentante (STS 104/2019, siempre con interpretación restrictiva y prueba rigurosa).
Preguntas frecuentes
No. La pensión de alimentos es una suma anual prorrateada en 12 mensualidades iguales para cubrir gastos fijos de los menores durante todo el año, por lo que se abona íntegra también en julio o agosto salvo que la sentencia disponga expresamente otra cosa. Tampoco cabe compensarla ni suspenderla por incumplimientos del régimen de visitas: en ese caso debe instarse ejecución forzosa del régimen de estancias (art. 776.2.ª y 3.ª LEC), nunca dejar de ingresar los alimentos.
Cuando el progenitor no custodio alega carecer de ingresos regulares o percibir subsidios mínimos, los Juzgados de Familia fijan ordinariamente una contribución mínima vital (habitualmente situada en la práctica forense entre 150 y 200 euros mensuales por hijo según las circunstancias del caso) para atender las necesidades elementales e inaplazables de los menores, reservando la suspensión temporal únicamente a situaciones extremas de indigencia absoluta acreditada (STS 111/2015).
Conforme al artículo 1966.1.ª del Código Civil y al plazo procesal del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pueden reclamarse las mensualidades de alimentos y las diferencias de actualización del IPC devengadas durante los últimos 5 años anteriores a la presentación de la demanda de ejecución o reclamación fehaciente.
No para la demanda ejecutiva de una sentencia o decreto judicial ya firme: el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025 excluye del requisito de procedibilidad MASC la ejecución forzosa de títulos judiciales, de modo que podemos presentar directamente la demanda de embargo ante el juzgado de Tenerife desde el primer impago.
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¿Te ocurre esto?
Cuantificamos la contribución ordinaria conforme al principio de proporcionalidad (art. 146 CC) y a las Tablas Orientadoras del CGPJ adaptadas a Canarias, ponderando ingresos netos reales, sistema de custodia (exclusiva o compartida) y atribución de la vivienda familiar.
Presentamos demanda ejecutiva reclamando el principal adeudado, los atrasos de revalorización conforme al IPC, intereses de mora procesal (art. 576 LEC) y costas, solicitando el embargo inmediato de cuentas, devoluciones de IRPF y nómina sin el límite de inembargabilidad del SMI (art. 608 LEC).
Distinguimos los gastos extraordinarios necesarios de salud o educación (odontología, ortodoncia, gafas, psicoterapia prescrita) de los no necesarios o consensuados, tramitando el incidente declarativo previo del artículo 776.4 LEC antes del apremio.
Tramitamos la modificación o extinción de alimentos cuando los hijos mayores alcanzan independencia económica o abandonan la formación por causa imputable (art. 93.2 CC y STS 395/2017), así como la acción penal ante impagos dolosos de 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos.
Ficha práctica verificable
En vía civil ejecutiva ante el Juzgado que dictó la sentencia o aprobó el convenio regulador en Tenerife, el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil suprime el escudo de inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): el juez puede embargar directamente la proporción de sueldo, pensión o subsidio que fije para cubrir los alimentos corrientes y los atrasos de los últimos 5 años, con un incremento de hasta el 30 % para intereses y costas (art. 575 LEC). Paralelamente, dejar de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos teniendo capacidad económica constituye delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones (art. 227.1 CP), castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses más el pago íntegro de las cuantías adeudadas en concepto de responsabilidad civil (art. 227.3 CP).
Revisamos la sentencia firme, el auto de medidas provisionales o la escritura notarial de convenio para cuadrar cada transferencia recibida, calcular la actualización anual del IPC omitida y separar pensión ordinaria de gastos extraordinarios.
Con la demanda ejecutiva interesamos la consulta telemática de cuentas bancarias, vida laboral en Tesorería General de la Seguridad Social, devoluciones pendientes de la AEAT, vehículos y bienes inscritos en el Registro de la Propiedad (art. 590 LEC).
Si el convenio no enumera expresamente el gasto extraordinario (por ejemplo, una actividad concreta o refuerzo escolar) y no medió consentimiento expreso o tácito, promovemos primero la declaración judicial del artículo 776.4 LEC para evitar que la ejecución sea anulada.
Si el deudor oculta ingresos en economía sumergida o sociedades interpuestas pese a tener solvencia, valoramos la denuncia o querella por delito del artículo 227 CP; y si representamos al progenitor que ha sufrido pérdida real e involuntaria de empleo, instamos de inmediato la modificación civil de medidas para acreditar ausencia de dolo.
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No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
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Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 13 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
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