Responsabilidad sanitaria · Leyes 41/2002, 39/2015 y 40/2015
Cómo reclamar una negligencia médica en Tenerife frente al Servicio Canario de la Salud o la sanidad privada: plazos, historia clínica y peritaje
En Derecho sanitario, un resultado clínico adverso no equivale automáticamente a una indemnización, pero un retraso diagnóstico injustificado, una cirugía sin consentimiento específico o un alta prematura en urgencias tampoco son infortunios inevitables. La clave en Tenerife reside en distinguir desde el primer día si la asistencia dependía del Servicio Canario de la Salud (HUC, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Hospital del Sur o del Norte) o de una clínica y aseguradora privada, obtener la historia clínica íntegra antes de valorar y proteger el cómputo de prescripción.
Por Álamo & Antúnez Abogados (Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz) · Actualizado el
Responsabilidad sanitaria · Leyes 41/2002, 39/2015 y 40/2015Respuesta breve
El plazo es de 1 año en la sanidad pública canaria (SCS) y de hasta 5 años en la sanidad privada contractual, contados desde la curación o estabilización definitiva de las secuelas
Cuando el daño sanitario se produce en un hospital o centro de salud del Servicio Canario de la Salud (o en un centro privado actuando bajo concierto o derivación pública), el cauce ordinario es la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial regulada en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 y en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015: el plazo de prescripción es de 1 año, pero en daños físicos o psíquicos ese año no empieza el día de la intervención quirúrgica o de la urgencia, sino cuando el paciente recibe el alta definitiva o queda médicamente determinado el alcance de las secuelas permanentes.
Cuando la relación asistencial es estrictamente privada (clínica privada, consulta odontológica, cirugía estética o cuadro médico de una póliza privada de salud en Tenerife), la acción de responsabilidad contractual frente al centro o sociedad médica prescribe a los 5 años (art. 1964.2 del Código Civil), coexistiendo con el plazo de 1 año de la responsabilidad extracontractual frente al facultativo sin vínculo directo (art. 1968.2 CC) y con la acción directa frente a la aseguradora de responsabilidad civil sanitaria o de salud (art. 76 de la Ley 50/1980).
Simulador de daño corporal · Ley 35/2015 y Resolución DGSFP 2026 (+2,9 %)
Calculadora del Baremo de Accidentes de Tráfico, Seguro y Daño Corporal 2026
Calcula la indemnización orientativa por lesiones temporales según las cuantías oficiales actualizadas un 2,9 % para 2026 (días de perjuicio básico, moderado con baja o limitación, grave y muy grave), añade los gastos médicos y de rehabilitación acreditados y contrasta el resultado con la oferta motivada de la aseguradora (art. 7 LRCSVM).
01Diferencias críticas entre reclamar al Servicio Canario de la Salud (SCS) y reclamar a una clínica o seguro privado
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En Tenerife coexisten grandes complejos públicos (el Hospital Universitario de Canarias en La Laguna, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz y los hospitales comarcales del Norte y del Sur) con hospitales privados, clínicas dentales, centros de cirugía estética y cuadros médicos concertados con compañías aseguradoras. Confundir la naturaleza jurídica del prestador lleva a equivocar tanto el órgano competente como el plazo de prescripción.
En nuestro servicio especializado de abogados de negligencias médicas en Tenerife auditamos primero la tarjeta o cobertura bajo la que se prestó la urgencia o cirugía: por ejemplo, si fuiste derivado desde lista de espera del SCS a un quirófano concertado privado en Santa Cruz, subsiste la órbita de responsabilidad de la Administración sanitaria; mientras que si acudiste con tu póliza privada de salud o mediante presupuesto particular, rige plenamente la jurisdicción civil.
| Elemento clave | Sanidad Pública (Servicio Canario de la Salud) | Sanidad Privada (clínica, odontología, estética o seguro de salud) |
|---|---|---|
| Normativa sustantiva | Arts. 32 a 37 Ley 40/2015 (LRJSP) y art. 67 Ley 39/2015 (LPACAP) | Arts. 1101 y 1902 Código Civil, Ley 41/2002 y arts. 20 y 76 Ley de Contrato de Seguro |
| Plazo de prescripción | 1 año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas | 5 años en acción contractual frente a clínica/sociedad médica (art. 1964.2 CC); 1 año en extracontractual pura (art. 1968.2 CC) |
| Trámite previo obligatorio | Reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial ante el SCS (silencio negativo a los 6 meses, art. 91.3 Ley 39/2015) | Reclamación previa fehaciente y medio adecuado de solución de controversias MASC (LO 1/2025) antes de la demanda civil |
| Jurisdicción competente | Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o Sala del TSJ de Canarias (según cuantía y órgano) | Juzgados de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona o partido correspondiente |
02Consentimiento informado, pérdida de oportunidad y medicina voluntaria o satisfactiva
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Incluso cuando la técnica quirúrgica se ejecuta sin torpeza material, nace responsabilidad sanitaria si el paciente no recibió información previa, comprensible y por escrito sobre los riesgos típicos y personalizados de la intervención conforme a los artículos 4, 8 y 10 de la Ley 41/2002, y precisamente uno de esos riesgos silenciados termina materializándose. Un formulario estandarizado entregado en el pasillo del quirófano minutos antes de la sedación carece de valor liberatorio según reiterada jurisprudencia.
Por otro lado, en retrasos diagnósticos oncológicos, ictus, infartos o sepsis en urgencias donde no puede afirmarse con certeza absoluta que un diagnóstico a tiempo habría evitado toda secuela, opera la doctrina de la pérdida de oportunidad asistencial: se indemniza la probabilidad terapéutica o de supervivencia que la demora injustificada arrebató al paciente. Y en tratamientos de odontología rehabilitadora, implantología o cirugía plástica-estética en clínicas privadas de Tenerife, el deber de información se intensifica al máximo.
Preguntas frecuentes
Respuestas concretas antes de decidir.
¿Cómo se calcula la indemnización por una negligencia médica en España y en Tenerife?
En ausencia de un baremo sanitario obligatorio propio, los tribunales civiles y contencioso-administrativos aplican con carácter orientativo el Baremo de valoración de daños personales de la Ley 35/2015 (actualizado en 2026 con el +2,9 %), sumando días de perjuicio personal (muy grave, grave, moderado y básico), intervenciones quirúrgicas, puntos de secuela funcional y estética, perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, gastos de asistencia sanitaria futura, adecuación de vivienda y lucro cesante.
¿Qué ocurre si el Servicio Canario de la Salud no contesta a mi reclamación patrimonial en 6 meses?
Transcurridos 6 meses desde la entrada de la reclamación administrativa sin que se haya notificado resolución expresa (art. 91.3 de la Ley 39/2015), opera el silencio administrativo desestimatorio, lo que abre la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados sin necesidad de esperar indefinidamente, o bien aguardar al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias manteniendo vivo el expediente según convenga estratégicamente.
¿Puedo demandar directamente a la aseguradora del hospital o de la clínica privada?
En el ámbito de la sanidad privada y respecto de profesionales o clínicas cubiertos por póliza de responsabilidad civil, el artículo 76 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro concede al perjudicado acción directa ante la jurisdicción civil contra la aseguradora para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, más los intereses punitivos del artículo 20 LCS si incurre en mora injustificada.
Si la negligencia médica me ha dejado secuelas que me impiden trabajar, ¿es compatible con la incapacidad permanente del INSS?
Sí. La pensión pública de incapacidad permanente (total, absoluta o gran incapacidad) reconocida por el INSS o los Juzgados de lo Social en Tenerife protege la carencia de rentas del sistema de Seguridad Social y es compatible con reclamar la indemnización civil o patrimonial íntegra derivada de la mala praxis sanitaria, coordinando ambos expedientes para acreditar sin contradicciones el lucro cesante y la pérdida de calidad de vida.
Anexo normativo y áreas conexasProtocolo normativo (BOE), fuentes oficiales consultadas y mapa de servicios en Tenerife+
Ficha práctica verificable
¿Qué documentos integran la historia clínica completa que debo pedir antes de reclamar una negligencia médica en Tenerife?
Conforme a los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, el informe clínico de alta no basta para auditar una mala praxis. Debes solicitar por escrito al Servicio de Atención al Paciente del hospital del SCS (HUC, Candelaria, Sur o Norte) o de la clínica privada copia íntegra de la historia clínica del proceso asistencial, exigiendo expresamente: triaje e informe de urgencias, hojas de curso evolutivo médico y gráficas de enfermería, protocolo quirúrgico y hoja de anestesia, registros de monitorización (como registro cardiotocográfico en obstetricia), resultados completos de analíticas y archivos digitales DICOM de radiografías, TAC o resonancias, además del documento de consentimiento informado firmado para esa intervención concreta.
- Fase I
Solicita por registro escrito la historia clínica íntegra (art. 18 Ley 41/2002)
Presentamos solicitud formal ante el centro público o privado detallando cada pieza asistencial. El centro está obligado a conservarla un mínimo de 5 años desde el alta (art. 17.1 Ley 41/2002) y su omisión o pérdida injustificada juega probatoriamente en contra de quien tenía el deber de custodia.
- Fase II
Fija con exactitud el dies a quo (día en que arranca la prescripción)
En daños continuados o secuelas que requieren rehabilitación e intervenciones correctoras posteriores, la jurisprudencia de las Salas Primera y Tercera del Tribunal Supremo sitúa el inicio del plazo en el momento en que se estabilizan definitivamente los padecimientos y el perjudicado conoce el quebranto real.
- Fase III
Dictamen de viabilidad médico-pericial sobre lex artis y pérdida de oportunidad
Un especialista médico independiente contrasta la actuación reflejada en la historia con los protocolos clínicos vigentes en esa fecha, determinando si existió infracción de la lex artis ad hoc, defecto de consentimiento informado o pérdida de oportunidad terapéutica cuantificable.
- Fase IV
Reclamación patrimonial ante el SCS, acción directa del art. 76 LCS o vía civil
Elegimos la vía procesal idónea (reclamación administrativa previa frente al Servicio Canario de la Salud y posterior recurso contencioso-administrativo, o requerimiento fehaciente MASC y demanda civil frente a clínica privada y aseguradora) cuantificando secuelas, perjuicio personal y gastos futuros.
- Copia íntegra de la historia clínica hospitalaria y de atención primaria (no solo el alta)
- Documento de consentimiento informado firmado (o acreditación de su inexistencia o carácter genérico)
- Pruebas diagnósticas de imagen en soporte digital (CD / descarga DICOM) y analíticas
- Partes de baja laboral, resoluciones de incapacidad permanente del INSS o grado de dependencia derivados de la secuela
- Facturas de tratamientos reparadores, rehabilitación, farmacia, ortopedia y desplazamientos
- La medicina curativa es una obligación de medios y no de resultados: una complicación típica descrita en el consentimiento informado y tratada conforme a protocolo no genera indemnización.
- Nunca conviene presentar una queja genérica sin dirección letrada creyendo que interrumpe cualquier plazo frente a todos los intervinientes.
Vademécum normativo y procesal · 2026
Marco legal, doctrina del Tribunal Supremo y práctica ante SEMAC, INSS y Juzgados de Tenerife
Desplegar ficha técnica de preceptos legales (ET, LRJS, LGSS), doctrina STS/TSJC y control de plazos aplicable a: Cómo reclamar una negligencia médica en Tenerife frente al Servicio Canario de la Salud o la sanidad privada: plazos, historia clínica y peritaje
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes oficiales
Normativa y organismos consultados.
Revisión editorial: 13 de noviembre de 2026. Las normas y cuantías variables deben comprobarse de nuevo antes de actuar.
Áreas de práctica y recursos
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