Investigado o acusado
Debe conocerse la imputación, el procedimiento, las medidas y el acceso disponible a las actuaciones.
Defensa y acusación penal · Santa Cruz de Tenerife
Una actuación penal puede empezar con una citación, detención, denuncia o comunicación del juzgado. La prioridad es conocer la condición procesal, los hechos atribuidos, las medidas existentes y la fecha de la próxima actuación antes de decidir qué declarar o aportar.
Simulador Penal y de Responsabilidad Civil
Calcula el importe total de la pena de día-multa conforme al artículo 50 del Código Penal (con o sin rebaja de un tercio por conformidad en juicio rápido del art. 801 LECrim), la cuantía de restitución e indemnización civil más intereses procesales (art. 576 LEC, y art. 45 LSP en estafas bancarias o phishing) y el plazo de prescripción del delito (art. 131 CP).
Información jurídica general revisada por Javier Álamo González y Diego Antúnez Cruz para facilitar una primera decisión. El análisis del expediente concreto puede cambiar la respuesta.
La estrategia no comienza en el juicio. Declaración en comisaría o juzgado de instrucción, solicitud de diligencias de descargo, medidas cautelares, recursos de reforma y apelación y conservación de prueba digital pueden condicionar todo el procedimiento.
El derecho de defensa (art. 24 CE y arts. 118 y 520 LECrim) incluye conocer los hechos imputados, examinar las actuaciones antes de declarar, entrevistarse reservadamente con el abogado y guardar silencio. La decisión concreta debe tomarse con acceso suficiente al atestado o al expediente.
| Fase o procedimiento penal | Base legal (LECrim / CP) | Actuación letrada prioritaria | Efecto procesal clave |
|---|---|---|---|
| 1. Asistencia al detenido o investigado citado | Arts. 118 y 520 LECrim | Revisión previa del atestado, entrevista reservada antes de declarar y valoración entre guardar silencio o declarar solo a preguntas de la defensa | Evita autoinculpaciones precipitadas y permite oponerse a medidas cautelares desproporcionadas |
| 2. Juicio Rápido por delito (alcoholemia, lesiones, hurto, quebrantamiento) | Arts. 795 a 803 LECrim | Auditoría del atestado y negociación con el Ministerio Fiscal en el Juzgado de Guardia | Posibilidad de sentencia de conformidad con rebaja automática de un tercio (1/3) de la pena solicitada (art. 801 LECrim) cuando los hechos son incuestionables |
| 3. Diligencias Previas y Procedimiento Abreviado | Arts. 757 a 794 LECrim | Proposición de diligencias de investigación (testificales, periciales, oficios), petición de sobreseimiento (arts. 637 y 641 LECrim) o escrito de defensa | Permite archivar causas sin indicios racionales antes de abrir juicio oral ante los Juzgados de lo Penal o la Audiencia Provincial de S/C de Tenerife |
| 4. Acusación particular y acción civil ex delicto | Arts. 109 y 110 LECrim y arts. 109 a 116 CP | Redacción de querella o denuncia documentada, personación y cuantificación de la restitución e indemnización de daños y perjuicios | Asegura que la víctima intervenga activamente pidiendo diligencias, medidas de protección y embargo preventivo para cubrir la responsabilidad civil |
| 5. Ejecutoria penal y suspensión de pena de prisión | Arts. 80 a 87 del Código Penal | Solicitud motivada de suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad no superiores a 2 años (o supuestos excepcionales del art. 80.3 y 80.5 CP) | Evita el ingreso en centro penitenciario cuando se cumplen los requisitos de primariedad delictiva y compromiso de pago de la responsabilidad civil |
El recorrido puede incluir atestado, diligencias de investigación, instrucción, juicio oral y recursos. En cada fase cambian las actuaciones posibles, el acceso a las piezas y el riesgo de medidas cautelares.
Investigado y víctima no ocupan la misma posición. Guardar silencio, personarse, pedir diligencias o solicitar una orden de protección son decisiones distintas y no se improvisan en la puerta del juzgado.
La prescripción depende del delito y de la pena máxima prevista, no de una tabla única para «cualquier penal». El cómputo puede interrumpirse con determinadas actuaciones; por eso la fecha del hecho y del procedimiento deben revisarse juntos.
Además de la pena privativa de libertad, el Código Penal contempla, cuando concurren requisitos, suspensión, sustitución u otras medidas. Ninguna alternativa se promete: se analiza con los hechos, antecedentes y fase procesal.
La persona perjudicada puede valorar su intervención en el procedimiento y la acción civil derivada del delito. Es necesario cuantificar y acreditar lesiones, gastos, pérdidas o daños materiales sin duplicar conceptos.
Cuando existe violencia, amenazas o riesgo para la víctima, pueden valorarse medidas de protección conforme al Estatuto de la víctima y a la normativa aplicable. La petición debe apoyarse en hechos concretos, no en un formulario genérico.
No conviene reconstruir conversaciones, editar archivos ni acceder a cuentas ajenas. Conserva originales, anota una cronología y limita la difusión del caso para proteger la intimidad y la estrategia procesal.
En el ámbito penal, las primeras declaraciones y la proposición de diligencias durante la fase de instrucción condicionan todo el procedimiento. Antes de declarar o de aceptar una conformidad, analizamos el atestado, la tipicidad penal, la prueba de cargo y la responsabilidad civil derivada del delito:
| Tipo de procedimiento penal | Asuntos habituales en Tenerife | Estrategia procesal prioritaria | Órgano competente |
|---|---|---|---|
| Juicios rápidos y delitos contra la seguridad vial (arts. 379 a 385 ter CP) | Alcoholemias (> 0,60 mg/l aire espirado), exceso de velocidad punible, conducción sin permiso o lesiones imprudentes. | Verificación de márgenes de error metrológico del etilómetro/radar y valoración de conformidad privilegiada con rebaja de un tercio de la pena (art. 801 LECrim). | Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia y Juzgados de lo Penal de S/C de Tenerife |
| Delitos económicos, societarios y estafas informáticas (arts. 248 a 254 y 290 CP) | Phishing bancario, estafas online, apropiación indebida, administración desleal e insolvencias punibles. | Trazabilidad bancaria y pericial informática, querella o denuncia documentada y aseguramiento de la restitución civil. | Juzgados de Instrucción y Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife |
| Delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores (arts. 316 a 318 CP) | Accidentes laborales graves o mortales por omisión de medidas de seguridad e higiene exigibles. | Coordinación de la defensa o acusación penal con el acta de infracción de la ITSS, el recargo de prestaciones y la indemnización civil. | Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal y Jurisdicción Social en Tenerife |
Defensa penal cuando más la necesitas. Acusación particular cuando eres la víctima. Juicios rápidos, alcoholemias, estafas, lesiones, amenazas y asistencia al detenido. quince años en los juzgados de Tenerife.
No declares sin abogado. No firmes nada. Tienes derecho a guardar silencio y a ser asistido por un letrado. Llámanos y un abogado penalista acudirá a comisaría o te asistirá en el juzgado.
Te defendemos si estás investigado, acusado o detenido por cualquier delito. Estudiamos tu caso, buscamos la estrategia de defensa más favorable y te representamos en todas las fases del proceso penal.
Si has sido víctima de un delito, te constituimos como acusación particular para que tu voz se escuche en el proceso. Impulsamos la investigación y reclamamos la indemnización que te corresponde.
Defensa en delitos de conducción bajo los efectos del alcohol (art. 379.2 CP) o drogas, exceso de velocidad, conducción temeraria y negativa a someterse a las pruebas. La mayoría se tramitan como juicio rápido. Negociamos conformidades favorables para minimizar penas y la retirada de carnet.
Defensa y acusación en estafas, apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedad documental y delitos societarios. Si te han estafado, reclamamos la indemnización. Si te acusan, desmontamos la acusación con rigor probatorio.
Delitos de lesiones que requieren tratamiento médico o quirúrgico (art. 147 y ss. CP). Incluye agresiones, peleas, atropellos dolosos y lesiones por imprudencia grave. Valoramos las lesiones con perito forense independiente y reclamamos la máxima indemnización para la víctima.
Delitos contra la libertad e integridad moral: amenazas, coacciones, acoso (stalking), injurias y calumnias. Incluye delitos cometidos a través de redes sociales y medios digitales. Te ayudamos a obtener la orden de alejamiento si la necesitas.
Defensa en hurtos en comercios (incluidos delitos leves), robos con fuerza, robos con violencia o intimidación. Si es tu primera detención, hay opciones como la conformidad con pena suspendida o trabajos en beneficio de la comunidad para evitar antecedentes graves.
Defensa del acusado y asistencia a la víctima en delitos de violencia de género y doméstica. Solicitamos órdenes de protección, representamos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y gestionamos las medidas civiles asociadas (custodia, vivienda, pensiones).
Ciberdelitos: estafas online, suplantación de identidad, acceso ilícito a sistemas, daños informáticos, sexting no consentido, ciberacoso y descubrimiento de secretos. Un área en constante crecimiento que requiere conocimiento técnico y jurídico.
Tráfico de drogas (art. 368 CP) y sustancias estupefacientes. Las penas varían enormemente según el tipo de sustancia, la cantidad y si hay agravantes (organización, menores, establecimientos). Una buena defensa puede significar la diferencia entre prisión y una pena suspendida.
Conocer las fases del proceso penal ayuda a tomar decisiones informadas en cada momento. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) regula el procedimiento, que se desarrolla en estas etapas:
El Juzgado de Instruccion investiga los hechos: toma declaraciones, ordena pericias, recaba pruebas documentales y, si procede, acuerda medidas cautelares (prision provisional, libertad con fianza, orden de alejamiento). El investigado tiene derecho a:
La instruccion tiene plazos maximos: 12 meses para causas simples, 18 meses para causas complejas (art. 324 LECrim, reformado por Ley 2/2020). Si se superan sin justificacion, la defensa puede pedir el sobreseimiento.
Si la instruccion concluye con indicios suficientes, se abre juicio oral. Segun la gravedad del delito:
Los delitos prescriben si no se persiguen dentro de unos plazos que dependen de la pena maxima prevista en el Codigo Penal (arts. 131-133 CP):
Delitos imprescriptibles: genocidio, lesa humanidad y crimenes de guerra (art. 131.4 CP).
El plazo se interrumpe cuando el procedimiento judicial se dirige contra el culpable (art. 132 CP). Una denuncia presentada pero archivada no interrumpe el plazo; se necesita una resolucion judicial que identifique al investigado.
No todo delito acaba en carcel. El Codigo Penal contempla varias alternativas que un abogado penalista puede negociar:
Si la pena impuesta no supera los 2 años (excepcionalmente 5 años en casos de drogodependencia) y el condenado es delincuente primario, el juez puede suspender la ejecucion de la pena de prision durante un plazo de 2 a 5 años (art. 80 CP). Condiciones habituales:
Si se incumplen las condiciones, el juez puede revocar la suspension y ordenar el ingreso en prision (art. 86 CP).
El acusado puede llegar a un acuerdo con la fiscalia para reconocer los hechos a cambio de una reduccion de pena (art. 787 LECrim en el abreviado, art. 801 en juicios rapidos). En juicios rapidos, la conformidad puede reducir la pena en un tercio. Es una herramienta estrategica que el abogado penalista valora caso a caso: no siempre interesa conformarse, especialmente si la prueba de cargo es debil.
Otras penas no privativas de libertad.
La orden de proteccion (art. 544 ter LECrim) es un instrumento judicial que protege a la victima de forma inmediata. Se resuelve en un maximo de 72 horas desde la solicitud y puede incluir:
Puede solicitarla la propia victima, el fiscal, el juez de oficio o cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos. Es especialmente relevante en casos de violencia de genero (Ley Organica 1/2004) y violencia domestica.
En Tenerife, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (con sede en Santa Cruz de Tenerife) tiene competencia exclusiva para conocer de estos asuntos cuando la victima es mujer y existe o ha existido relacion sentimental con el agresor.
Los antecedentes penales no son permanentes. Se cancelan de oficio o a instancia del interesado cuando se cumplen estos requisitos (art. 136 CP):
Mientras esten vigentes, los antecedentes pueden afectar al acceso a empleo publico, a la obtencion de licencias y a la valoracion de reincidencia en futuros procedimientos.
Tienes derecho a no declarar, a un abogado y a informar a quien designes. No firmes nada sin tu abogado. La detención no puede durar más de 72 horas. Llama al 822 043 335 y acudiremos a comisaría.
Procedimiento acelerado para delitos flagrantes o sencillos: alcoholemias, hurtos, lesiones leves, amenazas. Se inicia el mismo día de la detención. Puedes llegar a una conformidad con pena reducida o ir a juicio oral en pocos días.
Si supera 0,60 mg/l en aire (o 1,2 g/l en sangre), es delito del art. 379.2 CP. Pena: multa de 6-12 meses y privación del carnet de 1-4 años. En juicio rápido, una conformidad reduce significativamente la pena. Por debajo es infracción administrativa.
Sí. Como víctima puedes impulsar la investigación, pedir medidas cautelares (alejamiento, prisión preventiva), proponer pruebas y reclamar indemnización por daños. Especialmente importante en lesiones, estafas, acoso y violencia de género.
6 meses para penas leves, 2 años para penas <12 meses, 3 años para penas <3 años, 5 años para el resto. El plazo comienza al cumplir la pena. No es automático: hay que solicitarlo al Ministerio de Justicia.
Delitos leves: multa hasta 3 meses, Juzgado de Instrucción. Menos graves: penas hasta 5 años, Juzgado de lo Penal. Graves: penas superiores, Audiencia Provincial. La diferencia afecta a antecedentes, penas y procedimiento.
En muchos casos sí. Las penas de prisión de hasta 2 años pueden suspenderse si es primera condena. Una conformidad negocia pena reducida con suspensión, sustitución por trabajos comunitarios o multa. Un buen penalista negocia la mejor salida.
Depende del delito y procedimiento. Si estás detenido, el abogado acude primero y hablamos de honorarios después. Presupuesto transparente desde la primera cita. Solicita cita.
En derecho penal, el tiempo es decisivo. Llámanos ahora si te han detenido, citado como investigado o si eres víctima de un delito. Actuamos con urgencia.
Preguntas frecuentes
Tienes derecho a guardar silencio y a no declarar contra ti. La decisión debe tomarse con tu abogado tras conocer el motivo de la citación y la información disponible del procedimiento.
Son formas distintas de poner hechos en conocimiento de la autoridad y la querella exige requisitos y personación específicos. La vía adecuada depende de los hechos y del papel que se pretenda asumir.
Pueden ser relevantes, pero deben valorarse autoría, integridad, contexto y obtención. Conserva la conversación y el dispositivo original; no edites ni selecciones solo fragmentos sin contexto.
Puede existir recurso según el tipo de resolución, el procedimiento y los motivos legalmente previstos. El plazo suele ser breve y debe revisarse desde la notificación.
No. El plazo depende de la pena prevista y de las reglas de interrupción. Hay que identificar el tipo penal, la fecha de los hechos y las actuaciones ya practicadas.
¿Te ocurre esto?
Debe conocerse la imputación, el procedimiento, las medidas y el acceso disponible a las actuaciones.
La denuncia, la personación y la reclamación del daño requieren ordenar hechos, prueba y perjuicios.
La fecha, el órgano, el motivo y la asistencia letrada condicionan la preparación inmediata.
Mensajes, grabaciones, dispositivos y testigos deben preservarse y analizarse dentro de las reglas procesales.
Mapa de defensa penal
Una denuncia, citación, detención o investigación exige saber en qué condición interviene cada persona, qué hechos se atribuyen, qué diligencias existen y qué riesgo procesal debe atenderse. Declarar, guardar silencio, aportar documentación o solicitar una diligencia no son decisiones automáticas. La estrategia se construye con acceso suficiente al procedimiento y respeto estricto a la presunción de inocencia.
Cada posición determina derechos, cargas, acceso al expediente, capacidad de proponer prueba y objetivos procesales.
Tiempo, lugar, participantes, acción, intención alegada y resultado se separan de opiniones o calificaciones anticipadas.
Declaraciones, mensajes, grabaciones lícitas, informes, registros y testigos deben contextualizarse y preservarse íntegros.
Citación, declaración, medidas cautelares, escrito, juicio o recurso demandan prioridades y documentación diferentes.
Prueba que ordena el expediente
Conservar documentos y dispositivos no significa difundirlos ni manipularlos. La revisión debe respetar legalidad, cadena de obtención, contexto y derecho de contradicción de todas las partes.
Resoluciones, denuncia, atestado y notificaciones sitúan hechos investigados, condición procesal y próximo trámite.
Una secuencia sobria con lugares, personas y fuentes ayuda a localizar contradicciones y posibles diligencias.
Conversaciones, archivos y metadatos deben conservarse completos; reenviar o editar puede destruir contexto relevante.
Identidad, percepción directa, documentos médicos o técnicos se valoran por pertinencia, fiabilidad y posibilidad de contraste.
Evita perder claridad
Recorrido del asunto
Se confirma la posición procesal y se obtiene acceso a las actuaciones en la medida posible. Después se ordenan hechos y fuentes, se identifica el riesgo inmediato y se prepara la decisión próxima. La estrategia se revisa cuando aparecen nuevas diligencias, sin prometer un desenlace ni sustituir la prueba por una versión.
Antes de la primera conversación
No necesitas llegar con una teoría jurídica. Las fechas exactas, el documento recibido y la prueba disponible permiten detectar la urgencia y decidir qué debe comprobarse después.
Identificamos la decisión, la fecha y el riesgo inmediato. Si existe un plazo, se separa de todo lo que puede esperar.
Separamos lo que ya está documentado de lo que necesita prueba y ordenamos la cronología sin dar por cierto lo que todavía debe acreditarse.
Explicamos qué vías existen, qué puede cambiar el resultado y qué riesgos tiene cada alternativa antes de iniciar una actuación.
Si el asunto tiene recorrido, concretamos la actuación siguiente, la documentación pendiente y quién asume cada paso.
Documentación útil
Si tienes una carta, una resolución o una fecha exacta, cuéntanoslo ahora para que podamos detectar si existe un plazo que deba priorizarse.
Solicitar revisión inicialMapa laboral y áreas del despacho
Utiliza estos recorridos para distinguir la decisión principal de sus consecuencias salariales, médicas, patrimoniales o de Seguridad Social.
Vademécum normativo y procesal · 2026
La revisión jurídica de cada expediente en Álamo & Antúnez Abogados, desde nuestra sede de Calle de la Puerta Canseco, 35, 1.º B (38003 Santa Cruz de Tenerife), integra el control sistemático del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 4.2 ET sobre derechos fundamentales e indemnidad; art. 15 y art. 16 ET sobre contratación temporal y fijos discontinuos; art. 26 y art. 27 ET en relación con el Real Decreto 126/2026 que fija el Salario Mínimo Interprofesional de 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales; art. 29.2 y art. 29.3 ET sobre liquidación de haberes e interés del 10 % anual por mora salarial; art. 34.8, art. 34.9 y art. 37.6 ET sobre adaptación o reducción de jornada por conciliación y registro horario diario obligatorio; art. 40 y art. 41 ET sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; art. 42, art. 43 y art. 44 ET sobre contratas, cesión ilegal y subrogación empresarial; art. 49.1.e y art. 49.1.n ET reformados por la Ley 2/2025 que suprime la extinción automática del contrato por declaración de incapacidad permanente y habilita el plazo de 10 días naturales para solicitar ajustes razonables o cambio de puesto; art. 50 ET sobre extinción causal indemnizada con 33 días de salario por año; arts. 51, 52 y 53 ET sobre despido colectivo y despido objetivo por causas ETOP o ineptitud sobrevenida con indemnización de 20 días por año; arts. 54 y 55 ET sobre despido disciplinario y exigencia de audiencia previa conforme al artículo 7 del Convenio 158 de la OIT y la doctrina unificada de la Sala Cuarta en la STS 1250/2024; art. 56 ET y Disposición Transitoria 11.ª ET sobre indemnización de 33 o 45 días por año; y art. 59.1, art. 59.2 y art. 59.3 ET sobre prescripción anual y caducidad de 20 días hábiles).
En el plano adjetivo y prestacional, toda actuación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC de Santa Cruz de Tenerife, en C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 3), la Dirección Provincial del INSS y el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los Juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife o la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC, en el Palacio de Justicia de Avda. Tres de Mayo, 24) se articula conforme a la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 43.4 LRJS sobre habilidad del mes de agosto en modalidades de despido, extinción del art. 50 ET, movilidad, modificación sustancial, conciliación y tutela de derechos fundamentales; arts. 63 a 68 LRJS sobre conciliación administrativa previa y suspensión del plazo de caducidad por máximo de 15 días hábiles; art. 71 LRJS sobre reclamación administrativa previa de 30 días hábiles en prestaciones de Seguridad Social y 11 días hábiles en impugnación de altas médicas; art. 80.1.c LRJS sobre congruencia fáctica entre papeleta y demanda; art. 96.1 y art. 181.2 LRJS sobre inversión de la carga probatoria ante indicios de discriminación o vulneración de la Ley 15/2022; art. 101 LRJS sobre proceso monitorio laboral hasta 15.000 euros; arts. 103 a 113 LRJS sobre proceso de despido; y arts. 177 a 184 LRJS sobre indemnización adicional por daño moral), así como al Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (art. 156 y art. 157 LGSS sobre accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional; art. 164 LGSS sobre recargo de prestaciones del 30 % al 50 % por falta de medidas de seguridad; arts. 169, 170 y 174 LGSS sobre incapacidad temporal; y arts. 193, 194 y 196 LGSS sobre incapacidad permanente parcial, total del 55 %, total cualificada del 75 %, absoluta del 100 % y gran invalidez). Asimismo, en las materias civiles, de familia, sucesiones y concursales conexas del despacho, se verifican los preceptos del Código Civil, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (art. 607 LEC sobre escala de inembargabilidad salarial), el Texto Refundido de la Ley Concursal reformado por la Ley 16/2022 (arts. 486 a 502 TRLC sobre Exoneración del Pasivo Insatisfecho en la Ley de la Segunda Oportunidad) y la normativa autonómica de la Agencia Tributaria Canaria (bonificación del 99,9 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Canarias).
Fuentes y revisión
Revisión editorial: 4 de noviembre de 2026. La información general no sustituye el estudio del expediente concreto.
Empezaremos por ordenar el problema, las fechas y la documentación disponible.
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